Fernando Manzanilla y la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, señalaron que la alcaldesa capitalina desconoce el manejo de la administración pública.

Por: Guadalupe Juárez / Osvaldo Valencia

El municipio de Puebla no tiene las condicione para soportar por sí solo el servicio del agua si se remunicipaliza, además de que es un tema estatal y será analizado por el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, declaró el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto.

“En principio es un tema del Soapap, un organismo de carácter estatal, que abarca varios municipios. La razón por la que se originó el Soapap de esta manera es porque se necesitan varios compromisos financieros para poder soportar el servicio del agua potable”, explicó.

Para el funcionario estatal, la alcaldesa no cuenta con la información completa, pues el estado eroga hasta 100 millones al año para “soportar la deuda” del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), cantidad que sólo puede erogar la entidad y no una sola demarcación.

“Yo creo que el gobernador tendrá que valorar las condiciones jurídicas de la concesión y las condiciones económicas, no le corresponde al municipio”, dijo.

Manzanilla Prieto explicó que ya existen diversos análisis de la concesión; sin embargo, insistió en que será Barbosa Huerta el que decida qué camino tomar para evitar una afectación en el servicio y en las finanzas de la entidad.

“Hay un análisis de las alternativas legales de la concesión, hay un análisis hecho también detallado de todo lo que implica la parte financiera (…) lo que les puedo adelantar es que el peso financiero de un organismo de este tipo no lo puede soportar el municipio por sí solo, esa es la razón por la que el Soapap se hizo un organismo intermunicipal”, agregó.

El titular de la SGG pidió esperar a que finalice la transición para que se dé a conocer qué decisión tomará el nuevo gobernador.

EN RIESGO, FINANZAS DEL MUNICIPIO: PAN

A su vez, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo poblano cuestionó que la administración de Claudia Rivera Vivanco ponga en riesgo la situación financiera del municipio por querer retirar el título de concesión del servicio del agua a la empresa Concesiones Integrales y “cumplir con promesas de campaña”.

La cancelación del contrato podría representar un gasto al municipio de entre tres mil y siete mil millones de pesos, advirtió Augusta Díaz de Rivera Hernández, regidora integrante de la Comisión Transitoria del Agua.

Indicó que en reuniones de trabajo con la empresa y regidores el tesorero municipal comentó que la revocación del contrato costaría a la ciudad alrededor de tres mil millones de pesos, mientras que los representantes de Concesiones Integrales estimaron que la cancelación tendría un costo de siete mil millones de pesos.

La regidora explicó que en caso de que se cancelara el contrato se deberían regresar los mil 400 millones de pesos que pagó la empresa en 2014 para hacerse de la concesión del servicio de agua, además se debe indemnizar a la concesionaria los 25 años faltantes de contrato por lo que pudo obtener de utilidades.

“Nosotros en el PAN ayer (martes) votamos en contra por eso, porque no podemos votar un dictamen sobre las rodillas sin saber cuánto le va a costar a los contribuyentes porque el dinero sale de algún lado, sale de los impuestos, de todos los comercios, de todos los que pagamos impuestos”, puntualizó Díaz de Rivera Hernández.

La cabildante agregó que entrar en un conflicto jurídico con la concesionaria afectaría al municipio porque se suspenderían las obras que estén en curso e incluso se podría interrumpir el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

Además de que el Ayuntamiento tendría que recontratar alrededor de mil 300 trabajadores del Soapap, problema que se sumaría al combate de la inseguridad y de despedidos que ya enfrentan.

La panista apuntó que la administración municipal tiene la posibilidad de elaborar un nuevo convenio para forzar a la empresa a cumplir con sus obligaciones de brindar agua potable y los servicios de alcantarillado y drenaje.

“Lo que proponía es que firmáramos un nuevo convenio con Agua de Puebla con mejores términos, eso no nos iba a costar nada, hay maneras, el título dice cómo podemos hacerlo”, resaltó.

Díaz de Rivera Hernández añadió que la administración morenista busca la cancelación para tumbar las concesiones del pasado como parte de sus promesas de campaña.

GENOVEVA HUERTA SE UNE A CRÍTICAS

A través de sus redes sociales, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, opinó que la decisión de la alcaldesa capitalina de revocar la concesión del servicio “desnuda el desconocimiento que tiene de la administración pública”, pues coincidió en que el municipio no cuenta con la capacidad financiera para absorber el servicio ni tampoco la facultad legal para hacerlo.

El martes pasado, en sesión extraordinaria de Cabildo, por mayoría de votos los regidores aprobaron un dictamen que busca que las contralorías municipal y estatal realicen auditorías a la licitación que permitió la concesión del agua.

Así como el convenio modificatorio aprobado en el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, la venta de terrenos donde se construyó la planta de tratamiento, además de los recursos públicos utilizados en obras a favor de la empresa Agua de Puebla.