Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio 

El lugar común diría que cuando Francisco Sosa propuso, en 1887, honrar a los líderes liberales con estatuas de bronce que se colocarían a lo largo del Paseo de la Reforma, jamás se imaginó que éstas terminarían siendo codiciadas por rateros, que las arrancarían de sus pedestales y las fundirían para venderlas por kilo.

Pues no. Jamás hubiera podido imaginarse semejante barbaridad. Principalmente, porque cuando Sosa lanzó su iniciativa –en las páginas del diario El Partido Liberal– gobernaba el país el general Porfirio Díaz, un hombre que no se hubiera ido por las ramas para castigar el hurto de una estatua, sobre todo si ésta había sido colocada con la bendición del propio dictador. El responsable habría sido condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel de Belem y, en una de esas, lo habrían pasado por las armas.

Pero eso ya no sucede en el siglo XXI mexicano. En estos tiempos la autoridad se ha corrido al extremo opuesto. Hoy en día, sería vista con horror la defensa que el muy liberal Ignacio Manuel Altamirano hizo del régimen penitenciario porfirista. La cárcel era necesaria, dijo el guerrerense en la tribuna de la Cámara de Diputados –que en 1992 incluiría su nombre en el muro de honor–, “por el carácter peculiar de los delincuentes de nuestro país, que son más bien lanzados al crimen por falta de hábitos de trabajo y de educación, que por necesidad de subsistencia”.

La mayoría de los gobernantes actuales se ha dedicado a comprender a los delincuentes antes que aprehenderlos. Y por eso éstos se sienten autorizados a destornillar una pesada estatua, en pleno Paseo de la Reforma, o llevársela con todo y pedestal, como se describe en el reportaje de mi compañero Jonás López, publicado ayer en estas páginas.

Poco importa que esa vialidad esté supuestamente vigilada por decenas de cámaras de video y que la Ciudad de México sea la urbe del país con mayor despliegue policiaco. Pese a ello, de las 77 estatuas que deberían estar ubicadas entre Florencia y Eje 2 Norte, 11 ya no están en su lugar y se presume que han sido hurtadas.

Eso, sin contar los daños en pedestales, copones y bancas históricas, así como el robo de placas de identificación y otros elementos de las estatuas. Buena parte de las piezas que fueron colocadas sobre Reforma a fines del siglo XIX han sido afectadas o, de plano, sustraídas en el curso de pocos años.

Los desgraciados que han privado a futuras generaciones de este patrimonio tampoco han tenido reparos para robarse las réplicas en metal de los zapatos de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo y que formaban parte del memorial que sus familiares colocaron frente a las oficinas centrales del IMSS, sobre la misma avenida.

El saqueo en Paseo de la Reforma es un caso paradigmático del descontrol de las autoridades capitalinas sobre la seguridad pública, más preocupadas por cuidar la corrección de su discurso que por cumplir su deber constitucional de proteger la integridad y los bienes de los gobernados.

Y el que nadie pregunte por el destino de las estatuas y otros elementos históricos habla de una sociedad despreocupada por el cuidado de los bienes públicos, pues los han abandonado en manos de autoridades incompetentes. Si usted de repente notara que falta un cuadro en su sala, ¿no preguntaría dónde quedó? No hacerlo es una actitud lamentable, que explica en buena medida la baja calidad de gobernantes que tenemos.