De acuerdo con el secretario General de Gobierno, este no será el único anuncio que haga el gobernador electo de Puebla, ya que también se abordará el tema de la mejora en la prestación del servicio.

Por: Guadalupe Juárez

La decisión del incremento a la tarifa del transporte público se tomará hasta la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, la cual irá de la mano con el mejoramiento del servicio, anuncios que hará el próximo mandatario una vez que tome protesta.

Así lo indicó el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, quien confirmó que el gobierno actual no decidirá si hay un aumento, a pesar de que participa en las mesas de negociación con los transportistas.

“Hemos estado dialogando, lo que se quiere es no hacer un acuerdo de tarifa nada más, se tiene que hacer un acuerdo integral, hay muchos temas en los que el gobierno, los transportistas y la sociedad tienen que participar, y en esa redefinición uno de los temas es la tarifa, pero no es el único”, resaltó.

El jueves 4 de julio, como gobernador electo Barbosa Huerta informó que se había reunido por primera ocasión con los concesionarios del transporte público, tras el paro parcial que se había registrado en la capital poblana como parte de las presiones para que la actual administración aprobara el aumento de la tarifa, que querían llegara a 10 pesos.

El encuentro se llevó a cabo junto a Manzanilla Prieto y quien se perfila como próximo secretario del Transporte, el diputado federal Guillermo Aréchiga Santamaría, donde acordaron reunirse dos veces por semana con los transportistas, a quienes el mandatario electo les advirtió que estaría abierto al diálogo, pero sin ceder a presiones o chantajes.

De esta forma, la administración encabezada por Guillermo Pacheco se deslindó de la discusión e inclusive frenó el retiro de concesiones que había iniciado contra nueve rutas que no prestaron el servicio el lunes 1 de julio.

Desde 2016, los concesionarios del transporte público de toda la entidad han argumentado que necesitan un aumento a la tarifa actual de seis pesos que solvente los gastos que hacen para el combustible, las refacciones y el mantenimiento de las unidades, además de que contaban con uno de los costos más bajos del país.

No obstante, la incertidumbre política que se presentó por la pugna de la gubernatura en tribunales en 2018, y después por la muerte de la mandataria Martha Erika Alonso Hidalgo, postergó la discusión hasta este año con el actual gobierno, el cual tampoco cedió a la presión.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70% de los usuarios del transporte público en la entidad reprueba el servicio, pues considera que no hay unidades en buen estado, limpias y funcionales, ni con un espacio confortable para viajar.