El presidente López Obrador pidió a los opositores llegar a un acuerdo en el proceso judicial, puesto que el gas sería utilizado para la generación de energía eléctrica.

Por: Mario Galeana

Un amparo otorgado a la comunidad de Amilcingo, en Morelos, suspenderá de manera temporal la operación del Gasoducto Morelos, que recorre esa entidad, Tlaxcala y 16 municipios de Puebla.

El activista Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), una organización en la que confluyen las comunidades afectadas por la obra, explicó que el amparo fue otorgado en defensa de los derechos agrarios de un ejido que fue ocupado para la construcción del gasoducto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que opera la termoeléctrica que dotaría de gas al ducto de 160 kilómetros de longitud, puede impugnar la decisión del juez Noveno de Distrito de Morelos, pero el litigio duraría cuando menos cuatro años.

“Con esta acción no pueden echar a andar el gasoducto, están imposibilitados a transportar el gas natural, hasta que se resuelva dicho amparo (…) los amparos, en promedio, han tardado en resolverse cuatro, cinco años. Creemos que es difícil que puedan ganar la impugnación, pero tardarían al menos cuatro años”, insistió.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los opositores llegar a una suerte de acuerdo en el proceso judicial, puesto que el gas sería utilizado para la generación de energía eléctrica.

“Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial, sin que nadie pierda sus derechos para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo, entonces continúa con el proceso legal”, declaró.

Ayer, en su conferencia matutina, López Obrador detalló que para la operación del gasoducto hay contratos de alrededor de 80 mil millones de dólares.

Por ello, anunció que se conformará una mesa de diálogo entre las empresas Transcanada e IEnova, que operan el ducto, con la intervención del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios.

Hasta ahora, las comunidades indígenas afectadas han promovido 10 amparos en los que reclaman la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos.

En su recomendación 03/2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que el proceso de consulta a las comunidades no se cumplió a cabalidad para la construcción de esta obra que arrancó en el sexenio de Felipe Calderón.