Espinosa Torres negó cualquier anomalía financiera en su gobierno, por lo que dijo que acudirá al Tribunal de Justicia Administrativa si continúa el proceso.

Por: Mario Galeana

El Congreso de Puebla postergó para el final del periodo de sesiones el inicio de procedimientos administrativos por anomalías en las cuentas públicas de 37 ex alcaldes, entre los que se encuentra José Juan Espinosa Torres.

La presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, explicó que a solicitud de un grupo de legisladores que “tenían dudas sobre lo que estaban votando”, el aval de los dictámenes presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) se pospuso hasta el próximo miércoles 15 de julio.

“No fue una petición del diputado José Juan Espinosa, sino de otros diputados que tienen duda de qué están votando. No se trata de que haya un conflicto de interés. Yo dije desde un inicio que vamos a ser transparentes y vamos a respetar a los compañeros. No quiero que aprieten un botón cuando tienen dudas. Quiero que queden las cosas claras”, abundó.

El inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas (Ipadr) que sería aprobado sobre Espinosa Torres, actual diputado local del PT, se debe a que la ASE halló observaciones que ascienden a los 18 millones 749 mil 205 pesos durante su tercer año al frente del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, es decir, en 2016.

De acuerdo con un informe presentado por la Auditoría de Puebla a la comisión, el petista no acreditó de manera plena el uso de alrededor de tres millones de pesos en gastos contables y de 15 millones de pesos en obra pública.

Éste sería el segundo Ipadr al que es sometido por parte de la LX Legislatura, donde Morena y sus aliados poseen mayoría. En marzo, el Congreso local inició otro procedimiento en su contra por observaciones en el uso de 30 millones de pesos en su cuenta pública 2015.

Espinosa Torres ha negado cualquier anomalía financiera en su gobierno y, en consecuencia, ha dicho que acudirá al Tribunal de Justicia Administrativa si la ASE continúa con el procedimiento.

En tanto, ayer el Congreso local dio trámite a la solicitud de 46 ex presidentes municipales y ex titulares de organismos descentralizados para revocar las sanciones que se dictaron en su contra por observaciones halladas durante su paso por la función pública.

Ello significa que los ex funcionarios tendrán un plazo para clarificar el uso de los recursos públicos utilizados en su gestión y que han sido auditados por el órgano fiscalizador.