El ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, quien actualmente radica en Ciudad de México, sería el único ex funcionario que podría ser objeto de sanciones por parte del gobierno que entrará en funciones el 1 de agosto.

Por: Mario Galeana

El peso del pasado, de los hechos más polémicos y cuestionados durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, será también el peso del futuro. Entre los casos que habrán de librarse durante la administración de Miguel Barbosa Huerta se encuentran no sólo los fideicomisos contraídos, sino también Chalchihuapan, quizá el episodio más negro del morenovallismo.

El gobernador electo advirtió recientemente que ese, junto a tantos otros casos, “tendrán que ser abiertos, investigados y determinados, si existieran responsabilidades (contra ex servidores públicos)”, durante los cinco años que durará su mandato.

Barbosa Huerta lo advirtió después de que Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie Tamayo, el menor que murió durante aquella refriega del 9 de julio de 2014 librada entre pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales, le pidiera al gobernador electo una nueva revisión de aquellos acontecimientos.

“Una madre nunca olvida a un hijo… lo extraño demasiado (…) Por favor, les decimos (al próximo gobierno) que no se hagan ciegos; exijo justicia, que hagan su trabajo, que no se repita la violencia que vivimos en Chalchihuapan”, convocó a través de un pronunciamiento público realizado el pasado jueves 11 de julio.

CHALCHIHUAPAN Y LOS (PRESUNTOS) CULPABLES

Desde el Congreso local, el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval, ya se han pronunciado también por la reapertura del caso y la investigación del actuar de los funcionarios implicados.

“Yo creo que sí. No creo que pueda quedarse allí. No se ha hecho nada al respecto. No se hizo nada. Tenemos que abrir ese caso”, demandó la legisladora.

Pero quizá esa sea la mayor dificultad para la revisión: Moreno Valle y Luis Maldonado Venegas, quien presidía la Secretaría General de Gobierno (SGG) cuando ocurrieron los hechos, ya han perdido la vida.

Eso deja al ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, como el único ex funcionario que podría ser objeto de sanciones por parte del nuevo gobierno.

La muerte del menor José Luis no implicó la renuncia de Rosas Rosas, quien se mantuvo en el gabinete de Moreno Valle hasta julio de 2015, cuando dos altos mandos de la Policía Estatal fueron detenidos por robo de combustible.

Hoy, el ex secretario habita en Ciudad de México y es columnista regular de un portal de noticias en Puebla.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cerró el expediente 2VG/2014 a finales de 2016, cuando el gobierno local acreditó el cumplimiento de 11 recomendaciones, entre las cuales no se enlista sanción alguna contra funcionarios de primer nivel.

El gobierno del estado sólo sancionó de manera administrativa a seis integrantes de la Policía Estatal.

Las recomendaciones incluyeron una disculpa pública y una indemnización a la madre del menor, equipos de videograbación para policías, así como capacitación en materia de derechos humanos.