Una vez más el estado de Baja California es motivo de exhibición mediática de dimensión nacional, y otra vez son malas noticias. En esta ocasión el Poder Legislativo de la entidad, violentando la decisión ciudadana expresada en las urnas, y sin el menor rigor legislativo, modificó, prácticamente a puerta cerrada, el artículo octavo transitorio de la Constitución local que establece que el periodo del gobernador electo será de dos años, para extenderlo a cinco.
Paradójicamente, con esta acción, los diputados del estado caen en la ilegalidad que deben imponer a través de la legislación. Vulneran el orden republicano y democrático, además de traicionar el juramento que hicieron al asumir el cargo: “Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Con ello pierden toda legitimidad.
Como ya es sabido, 21 diputados, de los 25 que integran el Congreso, votaron a favor de la reforma constitucional en sesión extraordinaria con “tratamiento especial” y sin cuidar el procedimiento legislativo. De esta manera, el voto expresado por los electores de Baja California, el domingo 2 de junio, fue violentado. Cabe apuntar que ésta no es la primera ocasión que lo intentan; anteriormente, al menos en cuatro veces lo habían pretendido.
El punto rescatable de esta desatinada e ilegal decisión es que ha provocado un amplio rechazo de casi todos los actores y fuerzas políticas del país.
Es verdaderamente lamentable que sean los propios legisladores los que sumen conflictos a la entidad, ya de por sí asediada por los graves problemas de violencia, migración y desigualdad. Esto explica por qué en Baja California ya no se cree en los políticos, eso explica por qué en la entidad se registra un alto porcentaje de abstención, por encima de la media nacional.
El ejemplo de participación, que en algún momento fue Baja California cuando en una oleada democrática, por primera vez en el país, eligió a un gobernador de oposición, a mi compañero en la Cámara de Diputados, Ernesto Ruffo Appel, ha sido atropellado. Que fácil les resulta a algunos tirar por la borda lo que no les ha costado ningún esfuerzo.
El mal está hecho, los partidos suman bonos a su descrédito en la entidad y la confianza en la autoridad, a los ojos de la ciudadanía, también queda mermada. No obstante, tengo confianza que, al final, todo quede en un llamado de alerta que fue bien atendido y prevalezcan la sensatez y el sentido común.
De no ser así, y de continuar con su empecinamiento, las vías jurídicas y políticas no tardarán en pronunciarse, como ya lo han anticipado, y con ellos muchos otros más se sumarán para restablecer el estado democrático y constitucional en México.