Por: Mario Galeana

El gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, consideró que la empresa Agua de Puebla para Todos —también conocida como Concesiones Integrales— ha incumplido ciertas condiciones del contrato por el cual obtuvo la concesión del servicio de agua potable en la zona metropolitana del estado.

Por eso, advirtió, que él forma parte de aquellos que creen que la rescisión de éste no provocaría que el estado ceda una cuantiosa indemnización a la empresa por el fin de un convenio al que le restan 25 años.

“No seré de aquellos que opinan que la rescisión de un contrato es imposible porque hay condiciones que podrían al estado en una obligación de pago enorme, no. Yo veo que hay incumplimiento de las condiciones del contrato”, recalcó.

No obstante, el próximo gobernador de Puebla acotó que no tomará ninguna decisión hasta que cuente con un análisis jurídico y económico sobre las consecuencias de la rescisión del contrato.

Mientras eso ocurre, ha iniciado una serie de negociaciones con los representantes de Concesiones Integrales a fin de cambiar algunos preceptos del convenio; entre éstos, el proyecto de inversión que la empresa prometió cumplir desde finales de 2013.

“Las cosas no pueden quedar como están, eso sí se los garantizo. (La empresa) tiene que cumplir con su plan de inversión, no el plazo ese prorrogado de cinco a 10 años que aparece en los documentos, no. Esas son condiciones leoninas para el estado. Nosotros vemos al agua como un derecho no como un negocio, y también la empresa debe de verlo como un derecho”, enfatizó.

De acuerdo con el contrato, Agua de Puebla para Todos tendría hasta este año para cumplir con la inversión de cinco mil 330 millones 518 mil 66 pesos que establece el contrato.

De diciembre de 2013 a mayo de 2016, la empresa recuperó una inversión inicial de mil 726 millones de pesos pagados al gobierno estatal, pues sólo en ese lapso sus ingresos fueron de dos mil 400 millones de pesos.

El contrato establece 20 causas por las cuales el contrato puede ser rescindido sin que el estado pague una indemnización a la empresa.

Entre estas se encuentran el incumplimiento con sus obligaciones de inversión, o que ocurra “cualquier otra causal de revocación en términos de la ley aplicable”, una frase ambigua que permite una interpretación de la Ley de Agua para el Estado de Puebla.

A decir del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, el “mal servicio” otorgado por la empresa hace posible a rescisión del contrato.

“Si la calidad no es buena, si la cantidad no ha aumentado, si el servicio es malo, si las tarifas son altas y la inversión no se ha realizado, yo creo que esos cinco puntos bastan para poder rescindir el contrato”, declaró ayer, en entrevista.

En esto coincidió María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), quien dijo que es la zona metropolitana la que debe ser indemnizada por la empresa.

“Agua de Puebla ha planteado que hay 20 puntos en el convenio en donde aseguran que habrá afectaciones si se revoca la concesión, nosotros planteamos que no, al revés, la empresa debería de resarcir al municipio poblano y a todas las ciudades en donde se implementó la privatización. Debe de recompensarlos”, afirmó a El Sol de Puebla.