José Juan Espinosa acusó a Gabriel Biestro, coordinador de la bancada de Morena, de ser el verdadero instigador de aquello que llamó una “vendetta política”.

Por: Mario Galeana

La sesión del Congreso recién empezaba cuando José Juan Espinosa se levantó de su curul agitando un manojo de hojas de papel.

“¡Es la primera vez en la historia de este Congreso que no se mencionan ni los montos ni las cuentas que se someterán a votación!”, reclamó.

Sobre los escritorios de los 40 diputados restantes yacían los informes financieros de 58 ex funcionarios, que serían votados un par de horas más tarde.

En la larga lista —donde, efectivamente, no aparecían ni montos ni nombres— se hallaba San Pedro Cholula, el municipio que Espinosa gobernó de 2015 a 2018.

Todo el Congreso lo miró de pie, frente a su curul, y aunque aquel arrojo duró poco, era sólo un atisbo del estruendo que causaría más tarde, cuando los legisladores locales aprobaran el asomo del inicio de un procedimiento administrativo en su contra por el uso de 18 millones de pesos durante su segundo año de gobierno.

Lejos, desde Ciudad de México, la senadora Nancy de la Sierra, esposa de José Juan, subió a su perfil de Twitter un breve comunicado en el que acusaba que el procedimiento era una “revancha” por intereses “político-electorales”, provocada por el “uso tendencioso” de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La arena estaba puesta. Cuando la sesión avanzó hasta aquel punto, el momento en el que se votarían los informes financieros, Espinosa alzó el brazo cuanto pudo y, sin embargo, la Mesa Directiva dio primero voz a Olga Lucía Romero, presidenta de la Comisión Inspectora, del órgano legislativo desde el que se había fraguado la sanción en su contra y, por tanto, su verdugo más evidente.

Sólo la verdugo más evidente, porque, una vez que subió a tribuna, Espinosa acusó a Gabriel Biestro, coordinador de la bancada de Morena, de ser el verdadero instigador de aquello que llamó una “vendetta política”. Y no dudó en rebautizarlo como coodictador, mientras hacía una graciosa imitación de él, y el resto de los diputados reían sosegadamente,

Pero mientras tanto, Romero decía en tribuna que lo que votarían no era la aprobación de las cuentas públicas ni sanciones, o inicios de sanciones, sino tan sólo un simple trámite para que la Auditoría continuara revisándolas. Una forma de suavizar lo que todos sabían: que en cuantos días, quizá muchos, quizá pocos, el Congreso iniciará formalmente un procedimiento administrativo contra Espinosa —y otros cinco alcaldes—.

Cuando al fin la Mesa Directiva cedió el turno a Espinosa, Biestro se levantó de su curul y caminó tranquilamente hasta una sala adyacente al pleno: simplemente no quería escuchar a aquel que acusaba que la lista de los 58 ex funcionarios correspondía a cuentas públicas aprobadas, y que en una “maniobra burda” habían decidido poner en duda el uso de los recursos.

“Un aplauso para los que creen que la Cuarta Transformación es pasarse por alto la ley”, dijo y, literalmente, aplaudió. Luego vino la imitación de Biestro, y lucía divertido, como quien sabe que enfrenta lo inevitable. De lo perdido, lo encontrado.

A Espinosa lo sucedió en tribuna el panista Gabriel Oswaldo, que terminó por sorprenderlos a todos con una especie de defensa a su antecesor, y quizá algunos se retorcieron en sus curules con su advertencia.

“Hoy es José Juan. Pero mañana, el que se porte mal, puede seguir por la misma ruta. Vemos venir que se atropellen procedimientos al interior de la Comisión Inspectora y presiones de la Auditoría Superior del Estado. Vemos venir el uso faccioso de las instituciones”, advirtió.

La lista de estados financieros se aprobó, finalmente, con 28 votos a favor, dos en contra, cinco abstenciones y tres excusas. Y parecía que todo había cambiado, pero no había cambiado. Y que, cuando despertaron, las acusaciones de garrote político, de auditorías a modo, todo, todo seguía ahí.