La diputada local por el PT hizo énfasis en que varios feminicidios se cometieron luego de que las víctimas informaron a su ex parejas que estaban embarazadas.

Por: Mario Galeana

Para la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, María del Carmen Cabrera Camacho, un elemento ha estado ausente en la discusión por la reforma que legaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas: la paternidad.

La diputada local cree que el Poder Legislativo debe evaluar la posibilidad de castigar a los hombres que no se hagan responsables de la manutención por el embarazo de sus parejas.

“La discusión se va hacia la mujer. Pero recordemos que el producto no es concebido únicamente por la mujer; el papel del hombre en esta decisión también es importante. No podemos dejar la responsabilidad sólo en manos de la mujer, o la sanción sólo en manos de ella”, afirmó en entrevista con 24 Horas Puebla.

La legisladora por el PT preside la única comisión que dictaminará la iniciativa promovida por la priista Rocío García Olmedo. Este órgano ya ha recibido la opinión de cuatro comisiones más: la de Derechos Humanos, Igualdad de Género, de la Familia y Derechos de la Niñez, y de la Salud.

La postura de los cuatro órganos no ha sido unánime: dos han considerado procedente la iniciativa, una se ha mostrado en contra y la restante no ha emitido una valoración ni a favor ni en contra.

Por eso, Cabrera Camacho anticipa que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia convocará a una larga serie de foros a los que serán llamados distintos sectores de la sociedad para opinar sobre la reforma.

En estas audiencias, la petista cree que es necesario abundar en el papel del hombre frente al embarazo de la mujer.

No omite recalcar que varios feminicidios se cometieron después de que las víctimas comunicaron a sus ex parejas que estaban embarazadas.

“Es una de las vertientes que se ha dado y que también tenemos que atraerla para ser materia de análisis. Al final, la reforma deberá ser trascendente: no para satanizar ni sancionar a la mujer o al hombre, sino para ver cómo ayudaremos a que el tema sea reflexionado por la sociedad. Hay que darle la oportunidad a la mujer, pero también hay que voltear hacia el hombre para ver cómo se va a involucrar como pareja”, afirmó.

—¿Se plantea alguna penalización sobre los hombres que no se responsabilicen en estos casos?
—Hay que analizarlo. Es importante que no se satanice a la mujer. Esto es un tema de pareja (…) A lo mejor muchas de las mujeres son impulsadas a tomar una decisión como esta (interrumpir su embarazo) porque son abandonadas por la pareja, porque se sienten solas, porque no tienen el respaldo, porque de alguna manera no saben qué hacer con esta decisión tan fuerte.

LA “MALA FAMA” Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

En Puebla, el aborto se castiga con penas que van desde los seis meses hasta los cinco años de prisión. La gravedad del castigo en el Código Penal del estado se decide por un juez que evalúa si la mujer posee o no “mala fama”, si ha logrado ocultar su embarazo o si éste no es “fruto del matrimonio”.

Para Mónica Díaz de Rivera, próxima secretaria de Igualdad Sustantiva, el concepto de “mala fama” denota un juicio anacrónico y “muy patriarcal”.

“Si tener ‘mala fama’ es hacer uso libre de su cuerpo, por supuesto que no lo es. Yo, como feminista, siempre pensaré que las mujeres tienen la decisión de qué hacer con su vida (…) Antes, en muchísimos temas, se decía que las mujeres debían demostrar que eran decentes, pero ¿quién dice qué es decente y qué no? Se trata de una moral colectiva que depende mucho de dónde estén. Pero hoy día no podemos hablar de ‘mala fama’”, consideró.

Activista por los derechos de las mujeres desde hace por lo menos dos décadas, Díaz de Rivera ha conocido a 11 mujeres que han sido criminalizadas por interrumpir su embarazo.

La actual presidenta del Consejo Consultivo del IPM trabajó durante 12 años en el Centro de Reinserción Social de San Miguel impartiendo talleres de autobiografía a mujeres que se atrevían a contar su historia.

Ahí supo de féminas que habían sido criminalizadas por la interrupción de su embarazo, aunque éste se hubiera sido provocado de manera accidental.

“Muchas veces no necesariamente fue un aborto inducido, sino abortos espontáneos que después, por circunstancias de los lugares en donde ellas viven y por sus usos y costumbres que lo ven terriblemente mal, son investigadas y terminan en la cárcel”, ahondó.

Díaz de Rivera considera que, al analizar la reforma que se discute en el Congreso, los diputados deben discernir que el aborto se produce en términos muy avanzados del embarazo, mientras que la interrupción de este se produce hasta las 12 semanas.