Por: Mario Galeana
Integrantes de la campaña por el Aborto Legal en Puebla, de la que forman parte distintas organizaciones feministas, dieron a conocer que en la última década alrededor de 69 mujeres fueron vinculadas a procesos penales por interrumpir sus embarazos.
Cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obtenidas por las organizaciones a través de transparencia señalan que, de estos procesos, en once se dictaron sentencias condenatorias en contra de las mujeres.
Natalí Arias, integrante de la campaña y directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) A.C., reveló que gran parte de estos procesos penales se derivan de denuncias promovidas desde las instituciones de salud en el estado.
“Este tipo de conductas son realmente parte de una criminalización social hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por distintas razones”, señaló en conferencia de prensa.
Las representantes de la campaña por un Aborto Legal exhibieron que las cifras sobre procesos son, además, divergentes. En 2009, por ejemplo, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) respondió en una solicitud que en ese año se habían iniciado 30 averiguaciones previas por el delito de aborto.
Sin embargo, en marzo de este año, la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) sólo registró dos carpetas de investigación por aborto en 2009.
La criminalización del aborto ha provocado que la ausencia de información verificada se extienda también al número de muertes de mujeres que han acudido a clínicas clandestinas para interrumpir su embarazo.
“Al ser clandestino, no se pueden obtener datos concretos de cuántas interrupciones existen. Los únicos datos que tenemos son de la Ciudad de México”, abundó Jessica Pérez, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla.