El proyecto que recibirá el Congreso local plantea echar a andar cinco secretarías más, al pasar de 12 a 17 dependencias luego de que cuatro fueran divididas y se creara una.

Por: Mario Galeana

El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta planea gobernar con cinco secretarías estatales más y una compleja reorganización en las tareas que éstas realizan, de acuerdo con el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que presentará este día al Congreso local.

El número de dependencias estatales pasaría de 12 a 17, con la escisión de cuatro de ellas y la creación de una más: la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que suplirá en funciones al Instituto Poblano de la Mujer (IPM).

El proyecto contempla un cambio de denominación en la Secretaría General de Gobierno, que pasaría a convertirse exclusivamente en la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de que se dedica a la atención de “la política interior del Estado y su relación con los demás órdenes”, según la propuesta.

Además, la Secretaría de Contraloría pasará a ser la Secretaría de la Función Pública, mientras que el manejo de los recursos públicos será determinado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

El documento de 96 páginas fue presentado ayer a los coordinadores legislativos del Congreso local, y será presentado este día durante la sesión de la Comisión Permanente.

El documento confirma los cambios que Barbosa Huerta ya había anunciado durante la campaña electoral, como la escisión de cuatro secretarías: Administración y Finanzas, Turismo y Cultura, Infraestructura, Movilidad y Transporte, y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

 

DAN FORMA A GABINETE

De acuerdo con el proyecto de reforma, el próximo titular de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, mantendrá la operación del sistema de protección civil, y conducirá la relación con el presidente de la República y los gobiernos municipales.

La dependencia conservará la facultad de investigación y análisis de información, “en el entendido de que nunca deberá ser utilizada para efectos de espionaje político”.

Sin embargo, esta secretaría ya no será considerada coordinadora del gabinete, pues esta función le fue conferida al jefe de Oficina del gobernador, Rodrigo Osorio Díaz.

La Consejería Jurídica, que tendrá como titular al magistrado con licencia Ricardo Velázquez Cruz, atraerá todos los asuntos jurídicos del gobernador, así como el sistema de las notarías públicas del estado.

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública, que encabezará la ex contralora Karen Berlanga Valdés, podrá nombrar comisarios permanentes o temporales en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos, comisiones y consejos.

Con la escisión de las dependencias de Finanzas y Administración, la propuesta señala que la primera será denominada Secretaría de Finanzas y Planeación, y se encargará de la creación del Plan Estatal de Desarrollo y de la administración de los recursos públicos.

La Secretaría de Administración acaparará todo el sistema administrativo, que contempla la vigilancia de los bienes inmuebles que son propiedad del Estado, los asuntos relacionados a la contratación o baja de servidores públicos y los procedimientos de adjudicación de obra pública.

 

 UNA DEPENDENCIA POR LA IGUALDAD

El gobernador electo incluyó en su propuesta de gobierno la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, una dependencia dedicada a la implementación de políticas estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta secretaría estará a cargo de la aún presidenta del Consejo Consultivo del IPM, Mónica Díaz de Rivera.

Entre sus funciones también se encuentra la implementación de una política transversal de derechos en todas las dependencias del estado, así como la promoción de acciones para el acceso igualitario de las mujeres a los recursos económicos, a la propiedad y control de la tierra, la vivienda, los servicios financieros y los recursos naturales.

Además, incluye la defensa derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios y comunidades indígenas, en coordinación con el Instituto de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, cuya sede —según ha anunciado el gobernador electo— será Casa Puebla.

 

CORRIGEN ERRORES

Al justificar la propuesta, el gobernador electo señaló que la Ley Orgánica de Administración pública se ha modificado 30 veces desde febrero de 2011, lo que le ha restado una “estructura clara”, que “hace sumamente difícil de identificar las facultades” de cada dependencia, incluyendo las del gobernador.

Como ejemplo, el proyecto señala que la ley actual asigna de manera errónea el mando de la policía municipal al gobernador, lo que contraviene la autonomía municipal.