Por: Mario Galeana

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, minimizó los procesos penales iniciados contra mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y dijo que los casos de sentencias condenatorias han sido “mínimos”.

En entrevista, el magistrado presidente arguyó que el poco acceso a información referente a procesos por aborto se debe a que por mandato de ley no se pueden hacer públicos los datos de las mujeres vinculadas a ellos.

“En el tema del aborto somos muy puntuales. Hemos tenido pocos procesos. Pero estamos obligados a resguardar la información. En procesos de oralidad, son audiencias cerradas, donde no podemos dar datos por mandato de ley. Pero —reiteró— han sido mínimos los casos procesados por ese sentido”, insistió el presidente del Poder Judicial.

En días recientes, integrantes de la campaña por la legalización del aborto en Puebla, en la que confluyen distintas organizaciones feministas, dieron a conocer que, en la última década, alrededor de 69 mujeres fueron vinculadas a procesos penales por interrumpir sus embarazos.

De estos procesos, en 11 se dictaron sentencias condenatorias en contra de las mujeres. Ningún juez dictó sentencias absolutorias, pero en 24 casos el proceso se encuentra radicado.

Hasta ahora, la reserva de información referente a procesos penales ha provocado que se documenten muy pocos casos de mujeres que han sido encarceladas por interrumpir su embarazo.

A finales de diciembre de 2016, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó varias solicitudes dirigidas al Poder Judicial y logró tener acceso al caso de una mujer que se encontraba en prisión preventiva por el delito de aborto.

Según la información obtenida, su nombre era Magdalena y había ingresado a la cárcel en 2012. Sin embargo, las autoridades omitieron dar a conocer otros datos sobre ella, como su edad, su situación jurídica actual.

A la fecha, de acuerdo con información a la que 24 Horas Puebla tuvo acceso mediante transparencia, hay una mujer presa en el estado por aborto.