Activistas han hecho énfasis en que durante la discusión en el Congreso del estado para despenalizar la interrupción del embarazo, los legisladores locales han presentado sus argumentos basados en creencias morales y religiosas.

Por: Mario Galeana

Integrantes de la campaña por el Aborto Legal en Puebla, de la que forman parte distintas organizaciones feministas, dieron a conocer que en la última década alrededor de 69 mujeres fueron vinculadas a procesos penales por interrumpir su embarazo.

Cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obtenidas a través de transparencia por las organizaciones señalan que, de estos procesos, en 11 se dictaron sentencias condenatorias en contra de las mujeres. Ningún juez dictó sentencias absolutorias, pero en 24 casos el proceso se encuentra radicado.

Natalí Arias, integrante de la campaña y directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) AC, reveló que gran parte de estos procesos penales se derivan de denuncias promovidas desde las instituciones de salud en el estado.

“Este tipo de conductas son realmente parte de una criminalización social hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por distintas razones”, señaló Arias en una conferencia de prensa realizada ayer.

Uno de estos casos fue el de Laura, cuya historia fue documentada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe “Criminalización por aborto”. En 2011, Laura fue criminalizada tras acudir a un centro hospitalario. Al tener un aborto espontáneo, las enfermeras y médicos del lugar la acusaron de haberlo propiciado.

Una doctora pasante y una enfermera tomaron los restos del cigoto y se los mostraron “para que no se le olvidara”. A pesar del detrimento de su estado de salud, fue obligada a dar su declaración ante un médico proveniente del Ministerio Público.

“Cuando la dieron de alta, cinco policías la trasladaron a la agencia del Ministerio Público, sin permitirle que leyera su orden de detención. Tenía cólicos y sangrado. El médico legista tocó su vientre y dijo que no tenía nada. La pusieron en un separo sin brindarle medicina para el dolor”, refiere el informe del GIRE.

El ministerio público le fincó una fianza de 100 mil pesos, que se redujo a 20 mil cuando la familia dijo que no podría pagar esa cantidad.

PIDEN AL CONGRESO DESPENALIZAR EL ABORTO

Durante la conferencia, las activistas reprocharon que, durante la discusión de la reforma que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, las diputadas y los legisladores han impuesto sus creencias morales y religiosas para argumentar su voto en contra.

“Ellos como funcionarios están a favor de legislar a favor de la vida de las mujeres. Que se presten a una discusión científica y respetando el estado laico, una discusión que va más allá de las creencias y la moral que puede tener cada uno”, señaló Rubí Cervantes, representante de El Taller AC.

La activista Jéssica Pérez, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Rdeser) en Puebla, reconoció que la despenalización del aborto no traerá por sí misma la despenalización social.

Esto está ligado, consideró, a que el gobierno no informa sobre las excepciones por las cuales aún ahora es posible que las mujeres interrumpan su embarazo de manera legal, como el hecho de que el embarazo es producto de una violación, o cuando el producto posea malformaciones, ponga en peligro de muerte a la madre, o se trate de una interrupción imprudencial.

“El estigma no se quita. Pero hay trabajo previo de organizaciones y de feministas que han apoyado a las mujeres, y que seguirán haciéndolo”, dijo.

Al respecto, Arias consideró que es importante que la discusión no se politice, puesto que la demanda de la despenalización del aborto no es específica de un solo partido.

“La demanda ha sido histórica. Y si a alguien le corresponde esta discusión es a las mujeres que lo han hecho. No se trata de partidos”, recalcó.