A pesar de estar en el tercer sitio de tomas clandestinas en el país, la Secretaría del Bienestar dará recursos sólo a siete municipios de la entidad.
Por: Guadalupe Juárez
Aunque Puebla se mantiene en el tercer lugar por robo de hidrocarburo a nivel nacional, en los apoyos otorgados por el gobierno federal para evitar que la población acepte ayudar a los huachicoleros, de los nueve estados considerados como prioritarios la entidad es la que menos beneficiarios tuvo en programas sociales para este fin.
La demarcación es superada por Querétaro, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato y Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con información otorgada por la Secretaría del Bienestar a 24 Horas Puebla.
De acuerdo con el documento –en poder de esta casa editorial–, el gobierno federal incluyó en las zonas prioritarias a siete municipios poblanos: Ahuazotepec, Huauchinango, Jalpan, Juan Galindo, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza y Xicotepec, en las cuales cruza el ducto Tuxpan-Azcapotzalco y donde hay 15 mil 39 beneficiarios de apoyos de programas sociales.
En contraste, Jalisco –que ocupa el séptimo lugar en tomas clandestinas a nivel nacional– es el estado con más beneficiarios, pues tiene 215 mil 139 personas dentro de los programas sociales especiales para combatir el robo de hidrocarburos.
Los municipios jaliscienses donde se otorgaron apoyos sociales fueron los que atraviesa el ducto Salamanca-Guadalajara: Atotonilco El Alto, Ayitlán, Santos Degollado, El Arenal, El Salto, Guadalajara, Tala, Tlajomulco, Tonalá, Tototlán, Zapopan y Zapotlanejo.
Guanajuato –que se ubica en el quinto lugar a nivel nacional por tomas clandestinas según Pemex– es el segundo estado con más beneficiarios, con 206 mil 213 personas dentro del padrón especial que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador al arranque de 2019.
La Federación incluyó a 17 municipios de la entidad guanajuatense dentro de este programa como Yuriria, Villagrán, Valle de Santiago, Uriangato, Silao, Salamanca, Pénjamo, Moroleón, León, Irapuato, Cortázar, Celaya, Apaseo El Grande, Apaseo El Alto y Abasolo.
Por estas demarcaciones atraviesan los ductos Salamanca-Guadalajara, Tula-Salamanca, Salamanca-León y Salamanca-Guadalajara, así como el Tula-León, Tula Morelos, Tula-Guadalajara y Tuxpan-Azcapotzalco.
El Estado de México es la segunda entidad con mayor número de tomas clandestinas a ductos de Pemex en el país, pero es la tercera con más beneficiarios de los programas sociales, cuyo fin es contrarrestar la adhesión de la población con los grupos de ladrones de combustible, con 204 mil 654 personas en el padrón.
Los municipios mexiquenses beneficiados son atravesados por el ducto Tula-Toluca y Tuxpan Azcapotzalco. Se trata de Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Coyotepec, Cuautitlán, Huehuetoca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, Melchor Ocampo, Polotitlán, Teoloyucan, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Tultitlán.
Hidalgo ocupa el primer lugar por tomas clandestinas desde enero de 2019, cuando explotó un ducto en Tlahuelilpan y que obligó al gobierno federal a implementar un plan para evitar el huachicoleo por parte de la población a través de apoyos sociales.
Sin embargo, es el cuarto estado en el país con más beneficiarios de los programas federales especiales, con 76 mil 200 en 23 municipios, entre los que se encuentran Tulancingo de Bravo, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Tetepango, Tepetitlán, Tepeji del Río de Ocampo, Tepeapulco, Singuilucan, Santiago Tulantepec de Lugo, San Agustín Tlaxiaca y Pachuca de Soto, por mencionar algunos.
Michoacán es el quinto estado en número de beneficiarios, pues incluyeron a 53 mil 88 personas de cuatro municipios; Veracruz es la sexta entidad con 50 mil 782, de siete demarcaciones, y el séptimo es Querétaro, con 22 mil 853 de cuatro municipios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró en enero de 2019 que al otorgar apoyos sociales en los municipios donde atraviesan los ductos de Pemex los habitantes evitarían incorporarse a las filas de los ladrones de combustible.
Para ello, anunció una inversión de tres mil 877 millones 273 mil 706 pesos y en la primera etapa sólo abarcó en la entidad poblana municipios de la región de Huauchinango y descartó las demarcaciones del triángulo rojo y del corredor de San Martín Texmelucan, como San Salvador El Verde, Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca.
El huachicoleo sigue siendo el delito federal número uno en la entidad
De enero a mayo, en el estado habían sido localizadas 677 tomas clandestinas, según información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex.
ARCHIVOPor: Mario Galeana
ilegal de combustible es aún el delito federal más frecuente en el estado.
Durante el primer semestre del año, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 848 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo Hidalgo y el Estado de México superaron a la entidad, con mil 277 y 965 denuncias, respectivamente.
De enero a mayo, en el estado habían sido localizadas 677 tomas clandestinas, según información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex.
No hay delito federal en Puebla cuya incidencia se equipare al del huachicol. El 40.4% de los dos mil 97 ilícitos federales cometidos en el estado estuvieron relacionados a los hidrocarburos.
Las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ofrecen una tímida cercanía al delito de robo de combustible, con un total de 314 carpetas de investigaciones iniciadas de enero a junio. Le siguen, muy de lejos, los delitos relacionados a los ataques a las vías de comunicación, con 107 denuncias.
El delito de robo de combustible no ha sido, hasta ahora, ajeno a los menores de edad. En su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró que, entre 2010 y 2016, se detuvo a cuatro menores de entre 12 y 17 años por su participación en este ilícito.
La perforación ilegal de ductos de Pemex se ha convertido, asimismo, en una actividad que pone en riesgo a las comunidades aledañas.
De 2015 a 2019, de acuerdo con información de la petrolera, Puebla fue donde se registraron más explosiones por intentos de extracción de combustible.
En ese plazo, en la entidad se contabilizaron 32 explosiones, que representa 19% del total de siniestros registrados en el país.
Un total de 30 de estas explosiones se registraron en el ducto petrolero Minatitlán-Azcapotzalco, que recorre una región conocida como el triángulo rojo: un cinturón de robo de combustible en el estado compuesto por los municipios Quecholac, Palmar de Bravo, Tepeaca y otros 15 municipios.
Sólo en estos tres municipios, personal de emergencias tuvo que atender 19 explosiones durante los tres años y medio referidos.
Por las 32 explosiones registradas en el estado, la FGR inició 13 carpetas de investigación, pero no se detuvo a ninguna persona.
En registro de explosiones a nivel nacional, a Puebla lo secunda Hidalgo, con 23 incidentes, los estados de Guanajuato y Veracruz, con 22 hechos más, y el Estado de México, con 16.