Por: Guadalupe Juárez
La alcaldesa capitalina, Claudia Rivera Vivanco, afirmó que los lugares de los 84 trabajadores del Ayuntamiento que se convirtieron en empleados de base al final de la administración anterior no corren peligro y, en caso de encontrarse irregularidades en su contratación, las sanciones serán para los ex funcionarios que las otorgaron.
En conferencia de prensa, la munícipe pidió que no se lucre con el tema ni se juegue con la estabilidad laboral de los empleados de la Comuna.
“Se identificó la responsabilidad de los funcionarios de la administración pasada, se inició un procedimiento ante la Contraloría”, declaró al recordar que esa instrucción ya la giró el Cabildo.
En este sentido, afirmó que no hay ninguna presión por parte del gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, para echar atrás los espacios otorgados a 84 trabajadores, pues ha platicado con él acerca del tema.
También se deslindó de quitarles la base a algunos de los empleados involucrados, al asegurar que será la sindicatura la que haga un dictamen de forma individual sobre la situación de cada trabajador.
Asimismo, negó que haya llegado a un acuerdo con el sindicato Benito Juárez, encabezado por Gonzalo Juárez Méndez, quien en compañía de un grupo de empleados de la Comuna se manifestó en la sesión de este martes cuando presentaban un punto de acuerdo en el que exigían revocar los espacios otorgados al final de la gestión de Luis Banck Serrato.
“¡Fuera Esponda, fuera Esponda! No es tu Cabildo, es nuestro Cabildo”, exclamaron, cuando el regidor Roberto Eli Esponda intervenía, pues él iba a presentar la propuesta, la cual fue retirada por acuerdo de los regidores.
El morenista acusó que la alcaldesa ya contaba con una lista de despedidos del Ayuntamiento y reviró los señalamientos de los trabajadores que acompañaban a su líder sindical al decirles que eran engañados.
En entrevista al final de la sesión ordinaria, Juárez Méndez aseveró que el intento de revocar las bases era un albazo del regidor morenista, pues habían acordado durante el viernes pasado que el tema no sería abordado en el Cabildo.
“Las bases nunca estuvieron en riesgo”, aseveró, al tiempo de señalar que el acuerdo con la alcaldesa y el secretario de Administración municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, consistía en privilegiar la certidumbre laboral de los empleados del Ayuntamiento.
De acuerdo con un informe de la Contraloría Municipal, la entrega de las 84 bases otorgadas en 2018 fue irregular, por lo que los regidores tendrán la posibilidad de resolver si hay procedimientos sancionatorios contra los ex funcionarios del gobierno anterior.