No hubo presencia de algún integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, único órgano que analizará la propuesta antes de presentarla al Pleno.

Por: Mario Galeana

Los foros sobre la despenalización del aborto en Puebla arrancaron ayer en el Congreso local ante un nutrido grupo de activistas cuya presencia contrastó con la de los diputados.

De 41 legisladores, sólo acudieron las diputadas Rocío García Olmedo, Vianey García Romero y Estefanía Rodríguez Sandoval, además del legislador José Juan Espinosa Torres.

Al foro no acudió ningún integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por la petista María del Carmen Cabrera Camacho, órgano legislativo que será el único que analice la propuesta antes de que sea presentada al Pleno y se someta al voto de toda la Legislatura.

El evento fue organizado por las feministas que integran la Campaña por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla, y la legisladora Rocío Garcia Olmedo, promovente de la iniciativa que plantea la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

La activista Natali Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) AC, explicó que en la última década se ha documentado la existencia de 73 procesos penales por aborto en contra de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) e información recabada a través de transparencia.

De todos estos procesos, el Poder Judicial dijo que al menos en 11 se ha dictado condena y 15 más se encontraban a la espera de la sentencia.

Para la integrante de la campaña, la criminalización contra las mujeres se recrudeció en marzo de 2009, con la reforma a la Constitución Política por la cual se estableció la defensa a la vida desde el momento de la concepción.

García Olmedo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género, hizo una breve exposición sobre su propuesta de modificación al Código Penal y a la Ley Estatal de Salud, por la cual se despenaliza la interrupción del embarazo y se crea un protocolo para que las instituciones públicas atiendan a las mujeres que requieran de este procedimiento.

ACUSAN POR ABORTO  A UNA MUJER AL DÍA: GIRE

En el foro participaron representantes de las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de Ipas y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, quienes argumentaron que la criminalización del aborto se traduce en la violación al derecho a la vida de las mujeres, a la no discriminación y a la no igualdad.

Rebeca Loera, abogada e integrante del GIRE, aseguró que esta organización ha documentado que al día se presenta al menos una denuncia por aborto en contra de una mujer.

Explicó que no se tienen cifras claras sobre cuántas mujeres han accedido al aborto a través de las causales que las exenta de castigo, como que el embarazo sea producto de una violación o posea malformaciones congénitas.

La persistencia de leyes punitivas ha provocado que, en casos de abortos espontáneos, las mujeres sean criminalizadas desde las mismas instituciones de salud.

“Son interrogadas bajo circunstancias fuera de la ley y son presionadas para confesar cosas que no hicieron”, abundó.

La médica Rebeca Margarita Martínez, de la organización Ipas, explicó que el producto no puede ser considerado una persona, como afirman los grupos de derecha que se oponen a la despenalización del aborto.

“Que exista un latido no implica que sea autónomo, no hay capacidad de supervivencia fuera de la matriz”, recalcó.

García Olmedo hizo una breve exposición sobre su propuesta de modificación al Código Penal y a la Ley Estatal de Salud para despenalizar el aborto. DANIEL CASAS