Bitácora

Por: Pascal Beltrán del Río 

 

Dice el artículo 4 del Código Penal Federal: “Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes: 1. Que el acusado se encuentre en la República; 2. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió y 3. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República”.

Además, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los jueces penales federales conocerán de los delitos del orden federal y que éstos son, entre otros, los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal.

No hay duda: la intención del gobierno de México –anunciada por el canciller Marcelo Ebrard– de pedir la extradición de Patrick W. Crusius, el terrorista de El Paso, está fundamentada en la norma.

Lo que debemos preguntarnos es si eso queremos, que sea juzgado aquí. Aun si la Fiscalía General de la República aceptara procesar a Crusius y algún juez estadunidense concediera la extradición, ¿de verdad eso es lo que nos conviene como país, es lo que quieren las víctimas del ataque?

De entrada, habría que explicar, a México y al mundo, por qué nuestro país extradita a ciudadanos mexicanos a Estados Unidos para que sean juzgados allá –como los narcotraficantes, que, por cierto, han cometido delitos graves en México por los que no han pagado–, pero repentinamente decide pedir que le manden a un extranjero para que enfrente aquí la justicia. Como que no es muy congruente.

Luego, habría que pensar dónde es más seguro que Crusius pague por sus crímenes. ¿En México o Estados Unidos? ¿Qué pensarán al respecto los mexicanos heridos y los deudos de los asesinados?

Imagine por un momento la escena: Crusius es llevado ante un juez, quien pedirá que el Ministerio Público de la Federación presente los cargos y fundamente la acusación. Imagine que en el traslado del aeropuerto al reclusorio, algún policía le da una calentada al acusado, intoxicado por el sentimiento patriótico. O, no nos vayamos más lejos, que un agente del MP, sobrecargado de trabajo o insuficientemente preparado, comete alguna violación al debido proceso y el juzgador ordena la liberación del acusado.

Aún no termino de escribir estas líneas y ya escucho los alaridos de los chovinistas y el desgarramiento de vestiduras. ¿Cómo se me ocurre dudar de la eficacia de la justicia mexicana?

¿Cómo? ¡Pues por una multitud de casos, que hace que apenas una fracción de los crímenes termine en sentencia!

Cualquier error sería un escándalo internacional. Cualquier violación al debido proceso haría que Crusius transmutara de monstruo en víctima, y seguramente provocaría que aflorara el sentimiento antimexicano en Estados Unidos.

Además, ¿no sería irónico que una matanza ocurrida en EU recibiese mayor atención por parte de las autoridades mexicanas que una enormidad de crímenes cometidos aquí?

¿De verdad queremos eso? No entiendo el afán del gobierno federal, más allá de buscar el aplauso fácil de la galería. “Sí, castiguemos al gringo, que se pudra en El Altiplano”, gritarán algunos, mientras el resto de la población se aguanta el coraje de ver videos de ejecuciones a sangre fría en restaurantes y presenciar, con terror, otro video en que sicarios encapuchados rodean a un hombre semidesnudo quien, apenas apaguen la cámara, aparecerá colgado de un puente.

La verdad, mejor que al multihomicida de El Paso lo juzguen allá.