Por: Mario Galeana
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el linchamiento de siete personas en Cohuecan y Tepexco, y exigió que las autoridades procesen a los responsables de estos asesinatos tumultuarios.
A través de un comunicado, sentenció que “la justicia por propia mano no es justicia” y que, por tanto, las conductas delictivas en las que incurrieron los participantes de estos actos deben ser juzgados conforme a los procedimientos penales correspondientes.
“El organismo nacional rechaza tales actos, demanda justicia para las familias de las víctimas, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables de las ejecuciones, para que sean castigados de acuerdo con la ley y no se permita la impunidad”, exigió.
En el pronunciamiento, la CNDH también solicitó que se deslinden responsabilidades en que pudieran haber incurrido las autoridades que presenciaron el linchamiento de las siete personas.
“Para la CNDH el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en entidades como Puebla, muestra la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas”, recalcó.
En el Informe Especial sobre la Problemática de los Linchamientos en el Territorio Nacional, elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el organismo consideró que la inexistencia de consecuencias jurídicas sobre los linchadores es un factor que, sin duda, incide en la reiteración de estos hechos violentos, pues genera una percepción de impunidad.
Esto provoca que no haya un inhibidor social que “coadyuve a evitar que esas conductas se repitan y que se mantenga la falsa creencia de que es válida y permitida la justicia de la gente”.
De acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Vecinal (Encove) 2017, 63.8% de los habitantes de Puebla consultados en el sondeo se pronunciaron de acuerdo y totalmente de acuerdo en que tomar “justicia por propia mano” contra presuntos delincuentes debe ser aceptado por las autoridades.