De acuerdo con el organismo, salvo el caso de Ajalpan, cuando en 2015 los pobladores quemaron vivos a dos encuestadores y 12 personas fueron detenidas por los hechos, las autoridades no han aprehendido a más gente que haya participado en homicidios tumultuarios.
Por: Mario Galeana
Cohuecan es uno de los 11 municipios que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) definió como focos rojos por casos de linchamiento desde mayo de este año.
El organismo focalizó estos municipios con base en casos de homicidios tumultuarios que fueron recogidos por la prensa de 2014 a 2017.
En la lista fueron incluidos Ajalpan, Cañada Morelos, Huauchinango, Nicolás Bravo, San Francisco Altepexi, San Martín Texmelucan, San Salvador Huixcolotla, Tehuacán, Tepeojuma, Tlatlauquitepec y Cohuecan.
Salvo por el caso de Ajalpan, donde 12 personas fueron detenidas tras el linchamiento de dos encuestadores ocurrido en octubre de 2015, las autoridades no han detenido a personas que hayan participado en este tipo de homicidios.
“La inexistencia de consecuencias jurídicas es un factor que, sin duda, incide en la reiteración de estos hechos violentos, pues genera una percepción de impunidad, lo que provoca que no haya un inhibidor social que coadyuve a evitar que esas conductas se repitan y que se mantenga la falsa creencia de que es válida y permitida la justicia de la gente”, espetó la comisión.
Para la CNDH, la colocación de mantas en las que se advierte que todo presunto ladrón será linchado, tan comunes en distintas colonias del estado, forma parte de la aprobación social del linchamiento como supuesto método de castigo a los probables delincuentes y representa una omisión por parte de las autoridades para erradicar conductas que hagan un llamado a la violencia.
La aprobación de este tipo de actos posee también un soporte estadístico. En la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Vecinal (Encove) 2017, 63.8% de los habitantes de Puebla consultados se pronunciaron de acuerdo y totalmente de acuerdo en que tomar “justicia por propia mano” contra presuntos delincuentes debe ser aceptado por las autoridades.
Tras el doble homicidio ocurrido en Ajalpan contra los encuestadores, la CNDH solicitó a las autoridades sus protocolos de actuación para estos casos.
La Secretaría de Seguridad Pública reconoció que no contaba con protocolos, en tanto que la Secretaría General de Gobierno —hoy Secretaría de Gobernación— dijo contar con dos protocolos: uno de diálogo y otro para delegados, “sin embargo, del análisis a ambos se advierte que no brindan información puntual respecto a la atención en eventos de linchamientos”.
El Protocolo para Delegados, por ejemplo, “consta de cinco puntos que prevén que la intervención del delegado distrital consistirá en comunicar la situación de riesgo al Ayuntamiento, Seguridad Pública y a la Fiscalía del Estado, sin concretar las acciones que deberá realizar el funcionario en eventos de linchamiento. Además, el protocolo no se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado”.