Tanto la Fiscalía como las policías, así como el Poder Judicial del estado muestran un rezago, lo que impacta en la operación del SJPA, pese a que se sitúa en el lugar 12 a nivel nacional en la implementación del mismo.
Por: Guadalupe Juárez
En medio de una crisis de seguridad en el estado, con homicidios dolosos al alza y dos mil personas desaparecidas, todos los encargados de que el sistema de justicia actual funcione han fallado: desde el policía como el primer respondiente, hasta la capacidad de la Fiscalía en la investigación de los casos, así como el Poder Judicial con el rezago que arrastra por la carga de trabajo acumulada año con año.
Puebla es el estado número 12 a nivel nacional que más ha avanzado en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), pero aun así el nivel de impunidad es de 90.7%, de acuerdo con el estudio Hallazgos 2018, Seguimiento y Evaluación del sistema de justicia penal en México.
El documento elaborado por la organización México Evalúa arroja que la entidad es de las tres con menor porcentaje del índice de impunidad a nivel nacional y es considerada como una de las pocas que presentó avances en la capacidad de respuesta de sus instituciones. Pese a ello, esos avances todavía son limitados.
Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo contar con 16 especialidades en sus servicios periciales, de las más altas del país, sólo por debajo de Colima.
Las capacidades de la FGE se deben a que cuenta con personal y laboratorios para análisis de balística, contabilidad, criminalística o criminología, genética, medicina, psicología o psiquiatría, química, tránsito terrestre, dactiloscopia, grafoscopia y documentoscopia, identificación vehicular y topografía. También cuentan con valuación, topografía, informática, retrato hablado y antropología forense.
Pero más de 90% de las investigaciones iniciadas las comienzan sin un detenido, lo que acumula la carga de trabajo para su personal.
Otra deficiencia de la FGE es que casi 60% de las indagatorias terminan en el archivo temporal, lo que significa que se hace una pausa o cuando no hay indicios para esclarecer los hechos o pruebas suficientes para avanzar.
Sin embargo, esta medida es utilizada para ocultar un rezago institucional, derivado de la ineficiencia en las labores de investigación, pues en realidad los casos no fueron resueltos, expone México Evalúa, responsable del estudio.
La Secretaría de Seguridad Pública en el estado también muestra deficiencias. Sólo 45.5% de los detenidos fue puesto a disposición del Ministerio Público, lo que refleja que no hay un registro correcto de detenciones o que estas son realizadas de una forma irregular, donde puede comprometer los derechos humanos de las personas aprehendidas.
DESCONFIANZA
Puebla es de las cinco entidades con mayor desconfianza en el sistema de justicia penal con un índice de -10%, el cual sólo es superado por Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero.
El estudio indica que dichas condiciones evitan que disminuya la cifra negra de 90% de los delitos que se registran, pero que no son denunciados, en su mayoría porque la víctima considera que es una “pérdida de tiempo”.
De las carpetas de investigación abiertas en 2018, sólo 0.5% obtuvieron una sentencia, 4.8 fueron finalizadas y 94.7% siguen en trámite, lo que coloca a la entidad como el estado donde más casos hay en estas condiciones en el país.
El estado también es de los cuatro a nivel nacional que registró más congestión en sede ministerial durante 2018 con 69.3%, por debajo de Quintana Roo con 89.5%, Guerrero con 88% y Tamaulipas con 73.1%.
Por otra parte, en Puebla sólo 2.6% de los casos de las investigaciones iniciadas son judicializadas, es decir, que el juez ordena la vinculación a proceso. El porcentaje contrasta con el de Nayarit, cuyas investigaciones se judicializan 36.6%, la más alta del país.
JUSTICIA ALTERNATIVA
El modelo de justicia penal acusatorio contemplaba una opción para no saturar las cárceles ni los procesos judiciales, el de la justicia alternativa, que consiste en varios mecanismos que ayudarían a la conclusión de una investigación.
En este sentido, sólo 4.8% de los procedimientos de 2018 en la entidad son derivados a la justicia alternativa; sin embargo, 90% de las investigaciones iniciadas en 2017 sigue en trámite y sólo 10% fue resuelta. Esto coloca al estado, junto a Jalisco y Tabasco, como las entidades con la tasa de resolución más baja a nivel nacional.
Seis de cada 10 medidas de justicia alternativa consisten en la mediación entre las partes; sin embargo, 80% de los casos sigue sin un acuerdo. En el Poder Judicial, sólo 4.8% de los casos son resueltos —el porcentaje más bajo del país— bajo este esquema.
LA VIOLENCIA
Uno de los objetivos del sistema acusatorio era evitar la sobrepoblación en las cárceles; sin embargo, en el análisis de México Evalúa detectaron que las entidades que más utilizaban la prisión preventiva para un imputado era muestra del aumento de la incidencia delictiva en ilícitos establecidos en el artículo 19 constitucional, los que son considerados como delitos graves, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, por mencionar algunos.
Puebla es de las entidades que más utilizan esta medida preventiva con 30% de los imputados en prisión preventiva oficiosa, lo que significa que el probable delincuente permanece encarcelado hasta que se determine si es culpable o no.
El estado cuenta con una tasa de población penitenciara del fuero común de 100.8 por cada 100 mil habitantes.
SATURACIÓN DE TRABAJO A JUECES DE CONTROL
El 70% de los casos vinculados a proceso en 2018 en la entidad se encuentra en trámite con el juez de control, sólo se fueron a juicio oral, 10% se suspendió y el resto fueron sobreseídos o en procedimiento abreviado.
Una vez que se judicializa la investigación, cuando el Ministerio Público tiene datos de prueba para acreditar la existencia de un hecho como delito, el juez de control formula una imputación y así inicia su participación en el proceso.
El 89.7% de las causas penales iniciadas el año pasado se hicieron con detenido, lo que coloca a la entidad con más casos con estas características, por debajo de Ciudad de México con 89.90%.
“Estos números llaman la atención por dos motivos: el primero en que pareciera que la facultad de investigación de dichos estados es deficiente y sólo logran judicializar los asuntos donde la persona detenida al momento de la comisión del hecho; y el segundo es que en la mayoría de los estados las investigaciones iniciadas con detenido representan un porcentaje poco significativo”, explican.
Esto es lo que sucede en Puebla, pues iniciaron investigaciones con detenido 6.2%, lo que reflejaría poca eficiencia en la investigación de los delitos.
A esto se suman las detenciones calificadas como ilegales por un juez de control, al no realizarse en apego a los requisitos constitucionales y legales. El 63.3% de las detenciones en Puebla fueron consideradas como ilegales, la tercera cifra más alta del país por debajo de 71.7% de San Luis Potosí y 65.1% de Chiapas.
En el Poder Judicial hay 98.4% de congestión de las causas ante un juez de control, sólo 0.3% de los casos deriva en un juicio oral, a pesar de que es una de las principales características del sistema penal acusatorio.
El 24.5% de las audiencias son diferidas, lo que podría ser consecuencia de que hay falta de tiempo para su desahogo, lo cual hablaría de una programación deficiente.
