El acuerdo ordena a la Auditoría Superior del Estado fiscalizar todo lo construido en las administraciones que van de 2011 a 2018.
Por: Mario Galeana
En víspera del inicio de gobierno de Miguel Barbosa Huerta, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó un acuerdo para revisar las obras construidas en las administraciones de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
El acuerdo ordena a la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalizar todas las obras construidas del periodo 2011 al 2018, entre las cuales destacan el Museo Internacional del Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS), la plataforma Audi, así como decenas de puentes y vialidades.
Esta nueva revisión se aprobó con el voto de las diputadas María del Carmen Cabrera Camacho (PT), Nora Merino Escamilla (PES), Tonantzin Fernández Díaz (Morena), además de los legisladores Fernando Sánchez Sasia y Fernando Jara Vargas (Morena).
Los legisladores Juan Pablo Kuri Carballo (PVEM), Uruviel González Vieyra (Compromiso Por Puebla) y la diputada Josefina García Hernández (PRI) promovieron un voto en abstención.
El único voto en contra fue promovido por el panista Oswaldo Jiménez López –sobrino político de Gali Fayad–, quien argumentó que el acuerdo porque la reapertura de las cuentas públicas debía emanar “de una denuncia o de una solicitud expresa, plenamente fundada y motivada”.
También consideró que el procedimiento es parte de una cacería de brujas emprendida por el bloque Juntos Haremos Historia contra la oposición.
“Hablamos de la enorme tentación que tenía la mayoría de esta Legislatura para caer en las mismas prácticas que ellos señalaban en el pasado, que se hacía en la Comisión Inspectora de utilizarla como garrote político”, reprochó.
La presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, advirtió en días recientes que se solicitaría una nueva auditoría sobre las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad a petición de la ciudadanía.
Incluso, el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, responsabilizó a Jorge Aguilar Chedraui, ex secretario de Salud de 2011 a 2013, de ser responsable de desfalcos a la administración pública.
En tanto, las direcciones estatales del PAN han respondido que la fiscalización de los gobiernos anteriores forma parte de una estrategia de “hostigamiento político” de cara a las elecciones de 2021, en las cuales se renovarán los 217 gobiernos municipales y el Congreso local.
“Si quieren abrir las cuentas, que lo hagan. Pero que lo hagan de cara a los ciudadanos para que quede perfectamente aclarado el buen ejercicio de gobierno y que cese esta amenaza velada que obviamente carece de cualquier fundamento”, afirmó a finales de junio el líder del PAN en la capital, Pablo Rodríguez Regordosa.