Puebla es el segundo lugar en el país en trata de personas con fines de explotación sexual, de acuerdo con datos de Anthus.
Por: Guadalupe Juárez
A pesar de que el gobierno estatal planea cumplir con 90% de las acciones dictaminadas por la Conavim para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad y con la que pretenden se termine la declaratoria, no podrán dar hacerlo con las que se relacionan para atender la trata de personas.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, esas serán las acciones más complicadas de llevar a cabo para octubre, cuando culmina el plazo que tienen para cumplir.
“Puebla se ha vuelto paso de destino para la trata y son las acciones que probablemente no podamos cumplir; de ahí en fuera, el gobernador y el Congreso está poniendo todo de su parte para la otra parte difícil, que es la armonización de las leyes”, dijo.
Puebla es el segundo lugar en el país en trata de personas con fines de explotación sexual y forma parte del corredor “más representativo” del beneficio económico de la prostitución en el país, junto a Tlaxcala, de acuerdo con datos de la organización Anthus.
EXIGENCIAS
Según la declaratoria emitida el 8 de abril por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 50 municipios del estado, les solicitaron el diseño de una política transversal de prevención, sanción y erradicación de la trata de personas, la capacitación a servidores públicos en materia de prevención, sanción y erradicación de dicho ilícito −sobre todo de mujeres y niños−, así como dotarlos de herramientas para brindar información y ser garantes de los derechos humanos.
Asimismo, tienen que promover la investigación científica para lograr la atención integral a las víctimas, es decir, física, psicológica y social.
De igual forma, les pidieron que se identifiquen medidas de protección y tipos de atención a víctimas, ofendidos y testigos de delito de trata de personas, con la finalidad de realizar una intervención “acorde a sus necesidades”.
En las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo –conformado por especialistas en violencia de género– sobre trata de personas, publicado en abril, detectaron que en Puebla no había mecanismos que permitiera conocer las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones de comportamiento.
Tampoco se conocen los lugares de origen, tránsito y destino, modus operandi, modalidad de enganche y reclutamiento, modalidad de explotación que permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de este delito, así como identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo.
Puebla también carece de los lineamientos que deben seguir las autoridades para la valoración psicológica de una víctima del delito de trata de personas o, en el caso de los agentes de investigación, una guía para realizar una “entrevista adecuada” a una víctima.
Señalaron, asimismo, la falta de un refugio especializado para mujeres víctima de trata de personas con fines sexuales, una campaña de sensibilización dirigida a posibles víctimas y victimarios, así como un diagnóstico sobre los demandantes de prostitución y servicios sexuales en el estado.
