Por: Guadalupe Juárez

Para atender casos de desaparición forzada en la entidad es necesario invertir en infraestructura de atención y en personal capacitado que no criminalice a las víctimas, así como en la armonización de las leyes en la materia; por ello, los diputados locales tienen que dejar a un lado los juicios personales para cumplir, concluyó la subdirectora de Capacitación a Servidores Públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Guadalupe Cristina Vega Ramírez.

Tras su conferencia en la sede de la Comisión de Derechos Humanos estatal, “Los Derechos Humanos, una Propuesta de Solución para la Desaparición Forzada”, la especialista expuso que tanto a nivel nacional como en Puebla se carece de un espacio para atención a los familiares de las víctimas y personal capacitado que sepa atenderlas, con experiencia y sensibilidad para ello.

“No por tener un título en tal o cual especialidad ya eres ad hoc para atender a las víctimas, se requiere de una especialidad, de una particularidad muy específica y no todo el mundo la tiene”, opinó.

Ello, ya que los servidores públicos suelen tratar una desaparición forzada basada en estereotipos, ya que a los hombres los vinculan con una actividad criminal y en los casos de mujeres, las relacionan con una ausencia voluntaria con sus parejas.

También, expuso que es necesario destinar los fondos necesarios para la reparación del daño de las víctimas directas o indirectas, sin que eso signifique una compensación económica por la vida de una persona.

DESAPARICIONES SE EXACERBARON EN PUEBLA

Vega Ramírez consideró que en los últimos años se exacerbaron los casos de desaparecidos a la par de la violencia que se presentó en la entidad, lo cual calificó como una “tema de alarma”, como sucedió a nivel nacional en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Por lo anterior, dijo que es urgente que la Federación y la entidad se coordinen para conseguir los recursos suficientes para instalar la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues de no hacerlo se acumulan los casos sin resolver y que no prescriben hasta encontrar a la persona y las fosas clandestinas, donde se complica el reconocimiento de cuerpos.

Asimismo, opinó que no se podrá atender la problemática sin estadísticas confiables que se generen de esta infraestructura de atención y que permita conocer cuándo se trata de una desaparición forzada –la desaparición involuntaria de una persona– o cuándo es la ausencia voluntaria.

LEYES SIN ARMONIZAR

De acuerdo con la armonización normativa de los derechos humanos de la CNDH, la entidad tiene apenas un avance de 53%, lo que significa que no se garantiza el derecho a la vida, a no ser sometido a la desaparición forzada, a la no discriminación, al acceso a la justicia, a no conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada o al derecho a la reparación de daños materiales y morales.

Para Vega Ramírez este retraso se debe a que los diputados legislan con base en sus prejuicios personales y no al de garantizar los derechos humanos, como tendría que ser.