Por: Guadalupe Juárez
Ante el señalamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre lo ocurrido en Tepexco y Cohuecan, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseveró que se agotarán todos los términos de la ley para determinar si hubo o no omisión de las autoridades municipales y estatales.
Este domingo, en entrevista tras su gira por ambas demarcaciones, celebró que se haya restablecido el orden y dijo que ahora la prioridad es fortalecer el Estado de Derecho.
“Vine a restablecer la convivencia que la encuentro muy sana, no hay ingobernabilidad, hay gobernabilidad, y hay que fortalecer a la autoridad civil. La encuentro muy bien, pero hay que fortalecer muchas cosas”, dijo.
A su vez, la presidenta municipal de Cohuecan, Filogonia Adorno Aragón, admitió que la gente enardecida superó a todo el personal de seguridad, incluidos los estatales y sus elementos municipales, estos últimos apenas conformados por 10 personas.
“Fue mucho más la gente enardecida porque yo no pude, todo mundo llegó y yo no pude intervenir”, declaró al asegurar que ya no se repetirán hechos similares en la región.
A su vez, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, pidió esperar a que culminen las investigaciones en torno al caso para establecer si hubo alguna omisión en la muerte de siete personas como lo señaló la CNDH.
En tanto, informó que todavía no había órdenes de aprehensión para los instigadores del linchamiento de las siete personas el pasado miércoles 7 de agosto.
Higuera Bernal declaró que revisarán las cámaras de seguridad para identificar a quienes participaron en los ajusticiamientos.
Por otra parte, detalló que ya habían terminado con la identificación de los cuerpos, por lo que serían entregados a sus deudos cuando concluyeran las necropsias de ley, mismas que arrojaron que en la mayoría de los casos la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento.
En este sentido, pidió esperar a que avancen las investigaciones para determinar si las personas linchadas pertenecían a una banda de secuestradores o si tres de ellos eran inocentes, como trascendió el fin de semana.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por el presidente interino Omar Martínez Báez, dio a conocer que ya investigan si hubo omisiones por parte de las autoridades estatales y municipales.
“En el caso del linchamiento se está investigando las presuntas violaciones a derechos humanos que pudiera haber por la omisión en la prestación del servicio de seguridad y el acceso a la justicia”, declaró.
