Los servidores públicos serían destituidos de sus cargos e inhabilitados hasta por 10 años, además de recibir de cinco a ocho años de prisión.

Por: Mario Galeana

La diputada Mónica Lara Chávez presentó ayer una reforma para incrementar las agravantes por el delito de feminicidio y sancionar con hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que por negligencia retrasen las investigaciones de estos crímenes de odio.

La propuesta de modificación al Código Penal plantea que los servidores públicos sean destituidos de sus cargos e inhabilitados de la función pública hasta por 10 años, en tanto que además recibirían una pena de cinco a ocho años de prisión.

La iniciativa reformaría el artículo 338 quáter, para establecer que cuando la víctima sea una adulta mayor, menor de edad o posea alguna discapacidad, la pena contra el feminicida será de 50 a 70 años de prisión.

En Puebla, el delito por feminicidio se castiga con 60 años de cárcel y sólo se contempla una sola agravante que aumenta la pena en 10 años, en caso de que la víctima se encontrara embarazada al momento de su homicidio.

Los diputados locales agregaron esta agravante en septiembre de 2015, y, ante la opinión pública, la reforma fue bautizada como Ley Paulina Camargo: una referencia obvia a la desaparición de Paulina Camargo, una joven de 19 años que mantenía un embarazo de 18 semanas hasta que, presuntamente, su ex pareja, José María Sosa Álvarez, la asesinó. Hasta hoy, el cuerpo no ha sido encontrado.

En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 32 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Sin embargo, ello representó sólo 25% de los asesinatos de mujeres, pues el INEGI contabilizó al menos 125 muertes violentas en el mismo lapso.

Recientemente, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, dijo que el protocolo de investigación de la FGE sobre feminicidios ha sido insuficiente para realizar una correcta tipificación de los casos.

“El estudio de contexto que hace la Fiscalía es absolutamente insuficiente. Hay casos que son feminicidios y que pasan como cualquier tipo de homicidio culposo por la ineficiencia de nuestros ministerios públicos”, afirmó.

AUMENTARÍAN PENAS POR HOMICIDIOS A PERIODISTAS

En otro tema, en la sesión de ayer de la Comisión Permanente, la diputada Tonantzin Fernández Díaz propuso que el Código Penal se reforme para sancionar con 15 a 30 años de prisión a quien cometa homicidio en contra de activistas y periodistas.

La legisladora consideró que la iniciativa tiene por objeto defender la libertad de expresión de ambos grupos.