Luis de la Barreda, coordinador del PUDH, acota que se haga partícipe a los padres en la investigación, como ellos lo solicitan.
Por: Guadalupe Juárez
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde su Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) –conformado por especialistas nacionales y extranjeros en materia de seguridad pública y justicia penal–, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dejar de revictimizar a la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, corregir las anomalías de la investigación y culminarla con profundidad y eficacia.
Ello, a través de una misiva escrita por el coordinador del programa, Luis de la Barreda Solórzano, quien en la carta hace una relatoría de las irregularidades detectadas por la familia en el caso de la muerte de la joven médico, residente del Hospital para el Niño Poblano (HNP).
“Los padres de la doctora Figueroa afirman que su hija no tenía motivos para cometer suicidio porque era una mujer alegre, médica, competente y exitosa, de brillante trayectoria que jamás mostró los signos típicos de las personas que van a suicidarse”, se menciona en la misiva.
En el texto dirigido al encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal, detalla que además de las anomalías al dar por hecho que Zyanya había escrito una carta póstuma, así como las heridas post mortem, se suma que el médico que le practicó la necropsia al cuerpo de la joven fue un médico general sin experiencia en criminalística.
También da a conocer que en las muestras de sangre −que según la FGE pertenecía a Zyanya− fueron cambiadas y los análisis finales arrojaron que tiene rastros de mentafetamina, pese a que los asesores legales de la familia de la médico había denunciado que no existía certeza de que correspondiera a ella, pues el ministerio público no las entregó a tiempo a los servicios periciales y se echaron a perder, por lo cual tuvieron que recurrir a la Fiscalía General de la República para analizarlas.
El fundador del PUDH pide que se haga partícipe a la familia de la investigación, como ellos lo solicitan.
En tanto, Patricia Becerril y Martín Figueroa, padres de Zyanya, pidieron una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa, pues, ante la demanda de los martes ciudadanos, les ha sido imposible conseguir una ficha –otorgadas desde la madrugada–, para entrevistarse con el mandatario estatal.
Lo anterior, ya que consideran que el caso de su hija, atendido por la Fiscalía De Derechos Humanos y Asuntos Políticos, siguen sin avanzar.
De acuerdo con sus asesores legales, la FGE hace supuestos actos de investigación, pero a “espaldas de la familia”, lo que les ha hecho pensar que se “oculta algo”.
Figueroa Becerril –originaria de Ciudad de México– murió el 15 de mayo de 2018, cuando era médico residente del HNP en Puebla. La versión de la FGE en un inicio fue que se había suicidado, pero sus padres, con ayuda de especialistas, han echado abajo esa versión.
Cuatro años sin Paulina; familiares pedirán apoyo al nuevo gobierno
Por: Guadalupe Juárez
A cuatro años de la última vez que la vieron, la familia de Paulina Camargo Limón pidió una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender su caso, al acusar que ninguno de los gobiernos anteriores tuvo el interés de encontrarla.
Para Rocío Limón y Rolando Camargo –padres de la joven de entonces 19 años de edad– la sentencia que pesa sobre José María Sosa Álvarez de 16 años y seis meses por el delito de homicidio simple intencional no es garantía de justicia, pues no han encontrado a su hija embarazada desde la tarde del 25 de agosto de 2015 cuando desapareció.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sosa Álvarez –ex pareja de Paulina y de quien se encontraba embarazada– fue quien la estranguló tras una discusión en su departamento en la unidad habitacional La Margarita, pero a la fecha se desconoce el paradero del cuerpo.
La familia, desde ese día se dio a la tarea de buscar en el relleno sanitario de la ciudad, pues –según declaró el entonces fiscal General Víctor Carrancá Bourget– existía la teoría de que ahí había sido arrojado el cadáver, pero al no encontrarlo, se había “desintegrado”.
Al no encontrar en las primeras semanas algún rastro, sus padres acudieron a anfiteatros de otros estados, integraron brigadas para buscarla en ríos y barrancas de la capital poblana, inclusive se han unido con colectivos que buscan a personas desaparecidas.
Tras un largo proceso legal y amparos para evitar seguir encarcelado, Sosa Álvarez también fue acusado de la desaparición de la joven, por lo cual Rocío Limón confió en que se resuelva de forma rápida, ya que ellos apelaron la sentencia que le fue dictada al supuesto asesino de Paulina, con el fin de que la incrementaran, mientras que su defensa buscó un nuevo amparo contra la pena que recibió del juez.
“Este año ha sido de mucho desgaste; yo me siento confundida, estoy cansada, es algo que no se le desea vivir a nadie”, compartió la madre de Paulina tras escuchar la misa dominical ofrecida en la Catedral de Puebla por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, donde acudieron con playeras y pancartas con la imagen de Paulina y con el exhorto al mandatario de recibirlos en una audiencia para apoyarlos con la búsqueda.
