La diputada María del Carmen Cabrera señaló que la reforma al Código Penal establece un castigo de 40 a 60 años contra quien incurra en la desaparición forzada de personas. ARCHIVO

Por: Mario Galeana

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó una reforma al Código Penal que aumenta hasta 60 años de prisión las penas en contra de quien resulte responsable del delito de desaparición forzada de personas.

La reforma modifica los artículos 204 Bis y 304 Ter del citado código para establecer un castigo de 40 a 60 años contra quien incurra este delito, además de una multa de 10 mil a 20 mil días de salario mínimo.

La propuesta, que se aprobó ayer por unanimidad, incluye agravantes en distintos casos, como la posibilidad de que la persona desaparecida muera en el periodo de su no localización, además de que la víctima sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor.

La iniciativa señala que sólo se disminuirá el castigo cuando los victimarios liberen espontáneamente a la víctima en los siguientes 10 días de su desaparición, o cuando proporcionen información efectiva sobre la localización de la víctima, esté o no con vida.

“Es uno de los temas que son muy importantes en el estado; tenemos mucha presencia del delito de desaparición forzada”, reconoció la petista María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

PIDEN CAPACITACIÓN A UNIFORMADOS

Durante la sesión de ayer, los diputados que integran este organismo legislativo también aprobaron una solicitud al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que capacite a agentes del Ministerio Público, así como a mandos altos y medios de las policías locales y estatales, sobre los procedimientos en las detenciones que efectúan.

Según la promovente de esta solicitud, Nora Merino Escamilla, fueron los mismos agentes ministeriales los que solicitaron esta capacitación, pues en ocasiones el juez de Control determina que las detenciones fueron ilegales.

La presidenta de la comisión agregó que, en otros casos, las instancias jurisdiccionales han considerado que no existen suficientes pruebas para validar la detención de las personas presuntamente implicadas en delitos.