Por: Mario Galeana
Foto: Cortesía Ekecto 10

Un total de 25 personas se registraron como aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, entre los cuales se encuentran ex funcionarios estatales, académicos, activistas y representantes de la sociedad civil.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Estefanía Rodríguez Sandoval, explicó que el listado es preliminar, pues será depurado mediante la evaluación de los documentos que los aspirantes presentaron para competir por el cargo.

“Necesitamos a alguien a la altura, que comprenda la situación de nuestro estado, que tenga una visión global, amplia y actualizada en el tema, donde no se priorice ningún derecho sobre el otro, no se deba a nadie más que al progreso de los derechos humanos”, dijo.

Entre los aspirantes destacan Omar Siddartha Martínez Báez, actual encargado de despacho de la CDH; Luis Soriano Peregrina, ex subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido; Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), y Mónica Silva Ruiz, ex presidenta del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM).

También destacan María Elena Guerrero, coordinadora estatal de Bioética de la Unesco; Martín Fuentes Morales, ex procurador del Ciudadano en el gobierno de Mario Marín Torres y delegado de la Reforma Agraria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y Mónica Roldán Reyes, presidenta de la Organización Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos.

La revisión de la documentación de los aspirantes se realizará del 17 de septiembre al 4 de octubre de 2019. Después, aquellos que cumplan con los requisitos serán citados a una comparecencia que se realizará del 21 al 25 de octubre.

Tras las comparecencias, la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentará una terna ante el pleno el próximo 6 de noviembre, y la designación se definirá mediante el voto de los 41 diputados locales.

El anterior ombudsman en el estado, Adolfo López Badillo, se mantuvo en el cargo por ocho años consecutivos a pesar de que múltiples colectivos y agrupaciones civiles criticaron su inacción ante posibles actos de ataques a derechos humanos.