Documentos de la ASF evidencian que a pesar de que el ex funcionario fue nombrado responsable del empadronamiento y reconstrucción en la entidad, no se coordinó con autoridades estatales ni tampoco siguió una programación de los apoyos otorgados a quienes perdieron su patrimonio.
Por: Guadalupe Juárez
Cerca de 50 mil viviendas ubicadas en los municipios de Chigmecatitlán, San Juan Atzompa, San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde, Xochitlán Todos Santos y Zaragoza no fueron contempladas en el censo a cargo de Juan Carlos Lastiri Quirós cuando era subsecretario de la Sedatu, aunque las demarcaciones tuvieran declaratoria de desastre por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Los yerros que aún son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destapados en una fiscalización de desempeño a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el año pasado, consisten, además, en la duplicidad de 40 mil beneficiarios en los padrones de los apoyos y en la confusión de levantar un censo en San Sebastián Tlacotepec por su “similitud nominal” a la de Tlacotepec de Benito Juárez.
En el documento, la ASF también exhibe que, aunque Lastiri Quirós haya sido nombrado como el responsable del censo y la reconstrucción en la entidad en su calidad de titular de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se encontraron documentos que acreditaran su coordinación con las autoridades estatales y tampoco se siguió una programación clara de los apoyos otorgados a los damnificados.
LOS MUNICIPIOS OLVIDADOS
En el expediente 2017-0-15100-07-1678-2018 de la SFA del Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los sismos de septiembre de 2017, compararon los 112 municipios que se declararon como zona de desastre tras el movimiento telúrico y hallaron que sólo contemplaron a 106, sin justificar cómo determinaron que el resto no necesitaba de apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas.
Las demarcaciones olvidadas fueron omitidas en el informe, pero al comparar el padrón de las tarjetas entregadas en la entidad con la declaratoria en el DOF se identificaron las zonas que no fueron censadas.
De acuerdo con la ASF, en la entidad se habría ignorado a 207 mil 908 personas que habitan en esos seis municipios.
En cambio, el gobierno federal levantó un censo en San Sebastián Tlacotepec —que no aparecía ni en la declaratoria de alerta en el Diario Oficial de la Federación—, pero que la Sedatu entregó folios para considerar a afectados, los cuales tuvieron que cancelar antes de entregar los apoyos económicos.
Lo anterior provocó otra observación por parte de la ASF, pues la Sedatu informó que el Instituto Poblano de la Vivienda se encargaría de atender a los damnificados por el sismo en esa demarcación, otra vez sin poder aclarar cuál fue el criterio para haber tomado esa decisión ni cuántas personas fueron consideradas en su censo.
La dependencia federal justificó a la mayoría de las observaciones que su capacidad interinstitucional se vio rebasada para atender la emergencia, pero tampoco pudo acreditar la coordinación entre sus representantes en cada entidad para realizar la evaluación de los daños.
ANOMALÍAS
La información que entregó la Sedatu a la ASF varía, pues en algunos documentos declara haber apoyado a 108 municipios en su corte de noviembre de 2017, pero en otro con fecha de 2017 ya contempla 106, luego en otro aparecen hasta 108 con datos de Sedatu y Bansefi y en un “diagnóstico definitivo” determinan que son 107, por lo cual concluyeron que los datos estaban incompletos, no eran suficientes, ni tampoco confiables.
A lo anterior se sumaba que tampoco otorgaban fotografías que dieran cuenta del estado de las viviendas que censaban o cómo determinaban el grado de afectación.
Por otra parte, a diferencia de Guerrero, Veracruz, Morelos, Chiapas y Oaxaca —donde había otros funcionarios responsables de la reconstrucción y los censos— en Puebla —donde el principal encargado era Lastiri Quirós— la Sedatu no acreditó la información respecto a la programación de apoyos.
Asimismo, tampoco aclaró por qué había datos duplicados, como folios, cédulas, CURP, coordenadas y la dirección de las viviendas afectadas. En total, hubo 40 mil 81 casos que no logró justificar.
