Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río

El caso Ayotzinapa significó un antes y después para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A partir de que la Procuraduría General de la República atrajo el caso, el entonces Presidente perdió el control de la agenda pública y entró en una espiral que terminaría con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2018.

De investigador del caso, el gobierno de Peña Nieto terminó en indiciado político. Cada paso que daba para convencer de su buena fe a los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos y a la opinión pública obraba en su contra.

Muestra clarísima de lo anterior fue la invitación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si por algo será recordado el sexenio pasado –muy por encima de las reformas estructurales– es por aquella noche de septiembre en Iguala.

Por eso, ahora que tiene en sus manos esa papa caliente, el actual gobierno no puede salir con una batea de babas. Podrá tratar de satisfacer a los padres de los normalistas y a la opinión pública con la cabeza de quienes condujeron la investigación del caso, pero en última instancia tendrá que ofrecer una explicación creíble sobre qué pasó con los estudiantes.

Al comprometerse a descubrir la verdad, como ya lo ha hecho varias veces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha asumido un enorme reto. Y tiene un problema: a diferencia de cuando era oposición, no puede limitarse a criticar y condenar la llamada “verdad histórica”.

Debe dar resultados.

La cosa es que formalmente no conduce la investigación. Ésta está ahora en manos de la Fiscalía General de la República, de la que López Obrador dice que respeta su autonomía.

El gobierno creó una Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, pero esa entidad no tiene manejo del Ministerio Público. Es decir, no puede investigar ni llevar a nadie ante un juez. Su papel es meramente político.

Encinas ha dicho públicamente que no cree en la “verdad histórica”, es decir, en la investigación de la PGR que llevó a la cárcel a 142 presuntos responsables de la desaparición. Sin embargo, el funcionario ha deplorado la liberación de 77 de ellos.

Por fin, ¿en qué quedamos? ¿La “verdad histórica” vale o no? Si no vale, tendría que estar defendiendo que los otros 65 detenidos salgan libres, especialmente porque hay sospechas de que muchos de ellos fueron torturados para confesar.

Pero, ¿qué hizo Encinas? Arremeter contra la autoridad judicial que liberó a los procesados. ¿Por qué querría el titular de la Comisión de la Verdad mantener presos a los procesados de la “verdad histórica”? No sé. Más aún: ¿Por qué querría el subsecretario de Derechos Humanos que el juzgado enmiende las fallas en el debido proceso?

O yo no entiendo nada o todo esto es muy raro. El movimiento político que se dedicó a desacreditar la investigación de la PGR e hizo suyos muchos señalamientos jamás probados –como que los militares desaparecieron a los normalistas–ahora es, en el gobierno, el más indignado de que los detenidos salgan libres, incluso cuando el juzgado haya explicado que salieron por errores y omisiones de la PGR.

En medio de todo esto, el gobierno se sigue comprometiendo a resolver el caso, pero no parece tener mayores pistas para hacerlo. Y por eso ahora está ofreciendo ir contra los encargados de la investigación realizada el sexenio pasado.

Si algo hemos aprendido es que los padres seguramente quieren ver a varios de éstos en la cárcel, pero eso no será suficiente para ellos. El caso Ayotzinapa, en lo judicial, pero también en lo político, no terminará hasta que haya evidencias concretas de la suerte que corrió cada uno de los 42 muchachos, por muy imposibles que sean de obtener.

Y probablemente se acabe volteando contra quienes aseguraron que ellos sí podrían resolverlo.