La ONG puso también en duda el criterio de funcionarios para estudiar y jerarquizar los impactos sociales, económicos y viales negativos a futuro.

Por: Guadalupe Juárez

Además de no calcular de forma correcta el impacto ambiental ocasionado por derribar 100 árboles para la construcción de un desarrollo inmobiliario en Amalucan, el gobierno estatal y el Ayuntamiento pasaron por alto los riesgos de inundación que habían determinado en la zona y los cuales incrementarían con la edificación de más viviendas en el lugar.

Para llegar a dicha conclusión, el Igavim comparó los permisos otorgados por los gobiernos anteriores a la constructora, con el estudio técnico realizado para la edificación de un colector pluvial −que sigue en pausa−, ante las constantes inundaciones de la zona, por lo cual puso en duda el criterio de las autoridades para analizar y jerarquizar los impactos sociales, económicos y viales negativos a futuro.

El observatorio ciudadano acusó en su análisis que las autoridades que otorgaron los permisos no contemplaron que, de permitir la construcción de mil viviendas más, lo que conformaría el conjunto habitacional Lomas de San Juan, también tendrían que haber proyectado obras complementarias, así como contemplarlos en el Atlas de Riesgo.

Asimismo, también consideraron que la compensación de árboles que les pidieron las autoridades es errónea, pues se tendría que calcular basada en la masa y la capacidad de servicios ambientales que genera el árbol sin importar la especie.

Lo anterior, debido a que la empresa Hogares Edén –responsable de la construcción del complejo inmobiliario– les precisó que donaron mil árboles para el parque estatal Flor del Bosque, así como la misma cantidad “sin obligación legal” al parque Bicentenario Laguna de Chapulco.

En la misiva que dirige la constructora al Igavim, también indican que uno de sus socios mayoritarios donó de forma “onerosa” 74 hectáreas para la creación del Parque Amalucan, con 20 mil árboles y una hectárea para una escuela, con lo que consideraron que se mitiga el daño por los 100 árboles de eucalipto que tuvieron que derribar.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aclaró que el estudio de impacto ambiental realizado por la administración estatal se entregó en el gobierno interino y los permisos municipales fueron otorgados por la gestión anterior a la de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

En tanto, pese a que fue suspendida la obra, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique, admitió que podrían reanudar los trabajos si se cumple con la compensación marcada en los permisos, pues la detención de la edificación había sido parcial.