Disiento
Por: Pedro Gutiérrez / @PedroAGtz

El domingo presenciamos el primer Informe de Gobierno del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.

Considerado en su momento como el Día del Presidente, el Informe de Gobierno ha venido a menos en el siglo XXI. Su origen remoto en los anales de la política nacional data de la Constitución federal de 1824, que en sus artículos 67 y 68 establecía la obligación del Presidente de acudir a la apertura de los trabajos del Congreso para emitir un discurso; así como en el artículo 120, en cuanto a la obligación de los secretarios del despacho de acudir a las Cámaras para rendir cuenta del estado que guardaba su respectivo ramo (Guadalupe Victoria se presentó el 1 de enero de 1825 al Congreso a dar un discurso, el primero del que se tiene registro). La obligación del Presidente de acudir al Congreso se estableció también en el Acta de Reformas de 1847, así como en la Ley Fundamental de 1857, que en su artículo 63 señaló que el Presidente debía asistir al Legislativo para pronunciar un discurso del estado que guardaba la Unión, a lo que sobrevendría una contestación del presidente del Congreso. Curiosidad histórica: el primer presidente que consideró reformar la Constitución para evitar concurrir personalmente y mandar sólo un informe escrito al Congreso fue Benito Juárez, acaso el héroe republicano más venerado por propios y extraños. Finalmente, la variación de que se entregara por escrito el Informe de Gobierno, pero con la presencia del titular del Ejecutivo sobrevino con la Carta Magna de 1917.

El boato presidencial, tratándose del Informe de Gobierno, llegó a su clímax con el autoritarismo priista del siglo XX. No importaba si el Presidente en turno entregaba más o menos buenas cuentas (Ruiz Cortines, López Mateos, incluso Díaz Ordaz) o era un verdadero desastre como gobernante (Echeverría, De la Madrid o López Portillo), lo cierto es que la genuflexión era norma no escrita pero siempre vigente el 1 de septiembre de cada año.

La primera crisis parlamentaria frente al acto presidencial de referencia fue cortesía de don Porfirio Muñoz Ledo aquel 1 de septiembre de 1988, en el marco del último Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid. Una interpelación firme y sonora se hizo escuchar en voz del otrora priista, aunque él mismo reconoce en una entrevista que algún día un diputado de nombre Aurelio Manrique llamó “farsante” y “mentiroso” nada más y nada menos que a Plutarco Elías Calles en 1928, durante uno de sus informes.

Una nueva realidad política llegó para quedarse en nuestro país cuando en 1997 por primera vez hubo una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, frente a un Presidente emanado del PRI (Ernesto Zedillo). Ante esta situación, a Zedillo correspondió ser el único Presidente que tuvo que concurrir a San Lázaro para escuchar una contestación del Informe en voz de un diputado de oposición, el panista Carlos Medina Plascencia. Creo, sin temor a equivocarme, que ese momento se erige como el pináculo mismo de la separación de poderes y rendición de cuentas Ejecutivo-Legislativo del México contemporáneo (me refiero al siglo XX y lo que llevamos del XXI).

La franca descomposición política provocada por la acusación de fraude electoral en 2006 (nunca comprobada, por cierto) dio al traste con el ejercicio republicano de rendición de cuentas en el tema que nos ocupa, el Informe de Gobierno. La oposición filo izquierdista (PRD, Morena y partidos satélite) jamás volvió a permitir que hubiera condiciones mínimas para que un Presidente acudiera al recinto legislativo a rendir el estado que guarda la Unión. La incivilidad se impuso por encima de la política y el diálogo ordenado entre poderes. El último Presidente que acudió al Congreso a dejar un ejemplar por escrito del estado de la administración fue Felipe Calderón, quien en 2007 dirigió un breve mensaje y se retiró de San Lázaro.

Fue por ello que en 2008 se reformó el artículo 69 constitucional para suprimir la obligación del Presidente de acudir al Congreso limitando el acto al hecho de remitir por escrito el Informe de Gobierno. Desde entonces no hemos visto a un Presidente concurrir al Poder Legislativo quedando en el titular de la Secretaría de Gobernación entregar físicamente el documento en el que consta el concitado documento.

Por años, López Obrador siempre defendió el hecho de que entre los poderes hubieran plena colaboración y respeto y que el Ejecutivo asistiera a la apertura de sesiones ordinarias del año legislativo. Que el Presidente vuelva al Congreso a entregar por escrito su informe e incluso haya oportunidad de un diálogo franco con los partidos de oposición me parece que sería bueno para la República. Apostaría porque se contrarreformara el artículo 69 y por lo menos volviera a su redacción original de 1917. No hay colaboración entre poderes si uno y otro están mudos, sin diálogo institucional, franco y abierto.