Por: Mario Galeana

El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso al Congreso local una serie de modificaciones a las atribuciones del Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo, para así restituir las facultades de los cinco municipios que se encuentran en la zona de incidencia de Audi.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, explicó que, con la propuesta, los municipios de Soltepec, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Mazapiltepec y San José Chiapa recuperarían la facultad de cobro de impuestos y el otorgamiento de permisos de uso de suelo.

“El asunto es que la plataforma está construida y no se puede echar a la basura, no se pueden tirar al caño los millones que se invirtieron. Hay que encontrar esa función para que se pueda invertir, para que pueda ser factor de crecimiento y producción sin vicios de corrupción y opacidad que antes tenía”, abundó.

En la propuesta, el gobernador advierte que serán derogados los artículos que podrían violar la autonomía municipal, en específico aquellos que permiten al OPD gestionar y cobrar por trámites y servicios municipales.

El edil de San José Chiapa, Arturo Graciel López Vélez, se dijo confundido por las atribuciones que tendría Ciudad Modelo, y pidió a los congresistas que los ediles de la zona sean incluidos en la redacción de la reforma.

A su vez, la alcaldesa de Mazapiltepec, Gabriela Marín Castro, indicó que en tanto no se desaparezca oficialmente el organismo podría replicarse la tentativa de absorber las atribuciones de los gobiernos municipales.

Constituido oficialmente el 27 de enero de 2017, el organismo Ciudad Modelo se creó para conducir el desarrollo de un nuevo centro urbano aparejado con el desarrollo industrial de la planta armadora Audi.

PREVÉN OTORGAR A FISCALÍA OPERACIÓN DE SEMEFOS

A su vez, el gobernador de Puebla presentó otra iniciativa para otorgar a la Fiscalía General del Estado (FGE) el control del Servicio Médico Forense (Semefo), que hasta hoy es operado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La propuesta modifica las leyes orgánicas del Tribunal y la Fiscalía para que ésta posea la facultad de emitir estudios de carácter médico forense, identificación de cadáveres, análisis químicos toxicológicos, histopatológicos, genéticos, odontológicos, entre otros.