Por: Mario Galeana

Tras ser vetada por el ex gobernador José Antonio Gali Fayad, la bancada de Morena presentó una vez más la abrogación de la llamada Ley bala, con la cual se regula el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las corporaciones policiacas.

En la sesión ordinaria de ayer, la diputada Vianey García Romero dijo que es obsoleta ante los protocolos emitidos a nivel federal para la regulación de la Guardia Nacional, expedidos desde el 27 de mayo.

“Dicho ordenamiento observa que en todo el territorio se tienen que establecer normas bajo las cuales los integrantes de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento para sus funciones”, manifestó.

Recordó que la aplicación de la Ley bala provocó que en julio de 2014, durante un enfrentamiento en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan entre policías estatales y pobladores, resultó herido de muerte el menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Los uniformados actuaron “sobrados de prepotencia y violencia por el cobijo de una ley que les garantizaba seguridad”, criticó la también presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

A principios de septiembre del año pasado, el bloque legislativo de Juntos Haremos Historia propuso la abrogación de la ley y, con su mayoría legislativa, lograron imponer su decisión.

Sin embargo, el 1 de octubre Gali Fayad impidió la anulación al asegurar que provocaría un “vacío legal” que se traduciría en un “actuar discrecional de los elementos policiales en agravio de los derechos humanos”.

Las bancadas de Morena, PT y PES trataron de subsanar las lagunas con una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado que rescató algunos puntos de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza que se impuso en el sexenio de Rafael Moreno Valle, como la aplicación de armas de fuego como “última medida” y la gradualidad en el ejercicio de la fuerza pública.

La propuesta, firmada por el resto de las bancadas de la LX Legislatura incluía sanciones de tipo penal en contra de quienes hagan uso excesivo de la fuerza —algo que no contemplaba la Ley bala—, además de la grabación en audio de las conversaciones que sostengan todos los jefes policiacos al intervenir en una manifestación.

Aunque la reforma fue aprobada por unanimidad, una vez más el entonces gobernador vetó la propuesta y envió otro paquete de observaciones al Congreso local al aducir que la modificación no era suficiente para impedir lagunas legales en la actuación de los policías.