Entre las presuntas irregularidades destapadas por la investigación se encuentran operaciones ilegales, adjudicación de terrenos con prácticas desleales e incluso adjudicaciones directas.

Por: Staff 24 Horas Puebla

La instalación en Puebla de la armadora alemana Audi implicó una serie de supuestas operaciones ilegales, desde la apropiación de tierra con prácticas al parecer desleales, hasta adjudicaciones directas de obra pública excluidas de la rendición de cuentas, todo esto desde el manejo del gobierno de Rafael Moreno Valle.

La hoy abandonada Ciudad Modelo vuelve al ojo del huracán tras develarse la investigación La Trama Audi. Componendas de un Gobierno autoritario, un trabajo elaborado por el periodista Sergio Mastretta y el equipo de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI).

En el libro que se presentará el martes en la Angelópolis revelan que la instalación de la planta en el municipio de San José Chiapa le ha costado al erario lo mismo que invirtió la firma alemana: un total de mil 300 millones de dólares.

“Los poblanos hemos transferido al proyecto por la acción del gobierno en seis años alrededor de mil 321 millones de dólares contados en territorio y obra pública en infraestructura, impuestos condonados y condiciones firmadas con el consorcio VW-Audi el 5 de septiembre de 2012”, estableció Mastretta.

En esta investigación saltan los nombres de Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, dos servidores públicos estatales, aunque no se precisa si están en funciones actualmente, quienes habrían adquirido a su nombre 274 hectáreas en 23.2 millones de pesos para revenderlas en 47 millones de pesos al Banco Estatal de Tierra, encargado de concretar el proyecto.

Estos funcionarios, junto con Sergio Vázquez Reyes, fungieron presuntamente también como gestores del gobierno, compradores particulares y ejidatarios vendedores.

El actual dirigente municipal del PAN en Puebla, Pablo Rodríguez Regordosa, y que en ese entonces se desempeñó como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, se reunió con los ejidatarios y particulares para negociar la compra de los terrenos, sin informarles que era Audi la empresa que pretendían asentar ahí.

La investigación recalca que la armadora alemana pagó 65 mil 217 pesos por hectárea, cuando el gobierno estatal destinó 523 mil pesos por cada mil metros cuadrados; es decir, 355.7 millones de pesos, más de 10 veces de lo invertido por Audi.

Mastretta y la PCCI evidencian la manipulación que ejercieron las asambleas ejidales para que sus integrantes aprobaran la venta de los predios, violando así la Ley Agraria.

Además, deshilan la compleja trama jurídica, financiera, económica y política urdida entre 2011 y 2017 para poner en charola de plata las condiciones a Audi.

“El proyecto ha dejado por la construcción de la plataforma Audi una deuda de alrededor de 10 mil 800 millones de pesos a los contribuyentes poblanos, que será cubierta en 15 años, y concentró en un solo gran proyecto y en una sola región una enorme suma de recursos federales a fondo perdido”, expuso el periodista poblano.

La hoy casi deshabitada Ciudad Modelo involucró a una gran variedad de actores que le permitieron al ex gobernador “conformar —refiere la investigación— una compleja red de intereses económicos y políticos locales, regionales, nacionales e internacionales para su propio proyecto político”.