La diputada por el PT María del Carmen Cabrera Camacho señaló que se pretende que quienes roben a pasajeros no puedan enfrentar su proceso en libertad.

Por: Mario Galeana

La diputada María del Carmen Cabrera Camacho presentó una reforma al Código Penal para que a quienes cometan el delito de robo en transporte público no se les permita sortear su proceso en libertad.

La legisladora por el PT consideró que la sanción corporal contra los delincuentes no debe rebasar los cinco años de prisión, pero tampoco debe contar con el beneficio de la reducción de la pena.

“Es necesario tomar medidas que ayuden, evitando a toda costa que las personas que violen la ley sean liberadas impunemente y que, como consecuencia de eso, continúen en su actividad delictiva en agravio de la sociedad poblana”, señaló ayer durante la sesión ordinaria del Congreso local.

La propuesta consiste en derogar parte del artículo 380 del Código Penal —donde se considera una agravante el delito de robo a transporte público— para incluirlo en el artículo 374, donde se establece el castigo por robo en función del costo de los objetos sustraídos.

Cabrera Camacho señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, el delito de robo a transporte público afecta a una de nueve personas en la entidad.

“La misma encuesta reportó un año antes que el delito del fuero común más recurrente en Puebla fue el robo o asalto en el transporte público”, recalcó.

También dijo que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, esta modalidad de robo tuvo un aumento de 201% durante el primer semestre de 2019.

Esto, recalcó, ubicó a la entidad como la tercera en el país con más atracos en transporte público, sólo por debajo del Estado de México y Ciudad de México.

VAN POR PROHIBICIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

A su vez, durante la sesión de ayer el morenista Fernando Sánchez Sassia propuso que se prohíba de manera oficial la instalación de propaganda de tipo político-electoral en las unidades del transporte.

Consiste en modificar el artículo 92 Ter de la Ley Estatal del Transporte, donde se señala que la Secretaría de Movilidad y Transporte no estará facultada para otorgar permisos de colocación de publicidad.

“Por ningún motivo, la autoridad competente otorgará permisos para la colocación de publicidad o propaganda, que, bajo cualquier circunstancia, tenga como finalidad la promoción o difusión en materia político-electoral”, se indica en la reforma.