Disiento
Por: Pedro Gutiérrez / @PedroAGtz

La división del poder parece estar en entredicho en estos días aciagos para la república. Todo indica que el Ejecutivo federal tiene como meta a mediano y largo plazo adueñarse del Poder Judicial de la Federación, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ya hace algunos meses Ricardo Monreal, senador por Morena, había propuesto el incremento de los asientos de los ministros de nuestro tribunal constitucional, para pasar de 11 a 16 espacios, así como desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. La reforma está en el tintero por absurda que parezca en cuanto a su contenido. Mientras tanto, el régimen de la 4T ha decidido tomar el camino más directo para emprender el asalto a la Corte: ir por las cabezas de los ministros que a partir de diversas coyunturas considera parte de la otrora mafia del poder.

El presidente de la Suprema Corte no parece muy incómodo que digamos ante la evidente crisis que vive el alto tribunal. Utilizando la moderna plataforma de Twitter, Arturo Zaldívar defendió la supuesta independencia de la Corte ante cualquier sospecha de injerencia presidencial. Lo cierto es que no se le vio mucha convicción defensora al Ministro presidente, seguramente porque no está en sus planes inmediatos pelearse con López Obrador, con quien además coincide personalmente y en cuanto al discurso.

La historia de sumisión de la Corte Suprema (así debería llamarse en nuestro texto constitucional, pero una imprecisa traducción del inglés al castellano respecto al nombre de dicho órgano proveniente del modelo americano hizo que se llamase Suprema Corte), no es nueva ni peregrina. Durante el periodo de la reforma en el siglo XIX, la connivencia Presidente-SCJN era tan evidente que todos los ministros estaban al servicio del Ejecutivo. Así fue como llegó Benito Juárez a la presidencia: por la sustitución presidencial que, ante la falta del Ejecutivo, recaía en el titular de la Suprema Corte. Juárez, a partir de entonces, jamás ganó con el arma de los votos una elección de Presidente. En el siglo XX la historia no fue mejor: durante el régimen autoritario priista, el presidente de la república siempre controló a los otros dos poderes de la Unión, es decir, tanto al Legislativo como al Judicial. En efecto, no sólo la SCJN sino todo el aparato judicial federal (y por supuesto los poderes judiciales locales) tenía dueño con nombre y apellido: el presidente en turno. Son muy pocos los episodios de lucidez de la Corte en los que manifestara su independencia respecto al Ejecutivo federal y era lógico, pues la dominación del partido único permitía controlar absolutamente los nombramientos de los ministros de la Corte y demás espacios del Poder Judicial. Casi ningún togado arriesgó su espacio que entonces era, por cierto, vitalicio. Llegaban a la SCJN por la gracia presidencial y se retiraban por la misma circunstancia o bien, por vejez, incapacidad o muerte.

La suerte de la Suprema Corte en México no cambió para bien sino hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con el advenimiento de los gobiernos divididos o sin mayoría. El primer gran artífice de una importante reforma al Poder Judicial de la Federación fue el Presidente Ernesto Zedillo. Irónico resulta que un economista de profesión —y no un abogado— fraguara la más profunda reforma a la estructura del sistema judicial en la época contemporánea. Desde 1997 y hasta antes del arribo de la 4T lopezobradorista, ningún presidente contó con mayoría de su partido en las cámaras. La victoria de Morena en 2018 incluyó el avasallante triunfo congresional, por lo que ahora el Presidente sí tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y, en el caso que nos ocupa, es posible que ante la vacante actual, pueda el Presidente asegurar que se elija a quien él quiera. Muy poco van a importar los perfiles y la idoneidad de los mismos: el procedimiento que señalan los artículos 76 y 89 constitucionales será mero trámite impulsado por el capricho presidencial.

Toda la opinión pública debe estar muy atenta en los próximos días ante cualquier intento de sometimiento de la Corte frente al omnímodo poder presidencial. La SCJN es quien proporciona el equilibrio republicano necesario con la herramienta de la ley en la mano. Es el árbitro constitucional de los poderes de la Unión. A la Suprema Corte y el resto de los tribunales que conforman el Poder Judicial Federal corresponderá decidir, entre otros temas, la cascada de amparos que se han interpuesto contra los megaproyectos de la 4T, aeropuerto y tren maya incluidos. Si la Corte claudica, pocas esperanzas nos quedarán y el panorama ahora sí luciría francamente escabroso. Al tiempo.