Por: Guadalupe Juárez
En medio de la discusión de las iniciativas que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso local –donde se aborda la disminución de las penas contra mujeres que abortan y modificaciones al Código Civil que sigue sin reconocer las uniones entre personas del mismo sexo–, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, rechazó que el Legislativo funcione como una oficialía de partes del Ejecutivo.
Recalcó que corresponde a los legisladores locales discutir y aprobar los temas controversiales, pues reiteró que el gobierno estatal no quería polarizar a la sociedad, además de que están relacionados con el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
“Si el Congreso decide abordar estos temas, como muchos otros, están en la entera libertad de hacerlo o no. Ahí está más bien representadas las fuerzas políticas, los distintos partidos, las diferentes posturas y ellos tendrán que decidir”, expresó.
Manzanilla Prieto reiteró que el contacto con el legislativo es “poco” y las iniciativas que ha enviado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta son mínimas, las cuales ellos deciden y votan.
“Inclusive hay opiniones divididas e inclusive estuvieron cerca de no tener dos de las terceras partes y es otra cosa hoy día”, dijo respecto a la relación entre gobierno y el Legislativo.
Mencionó que el mandatario estatal sólo ha enviado propuestas al Congreso como el paquete para cumplir con los lineamientos de la AVGM y las modificaciones para el funcionamiento de Ciudad Audi.
Durante la discusión de las reformas enviadas por el gobernador al Congreso local en la Comisión de Procuración y Administración de justicia e Igualdad de Género la semana pasada, los legisladores se negaron a abordar otras propuestas sobre el tema, impulsadas por la priista Rocío García Olmedo y el ex panista Marcelo García Almaguer.
La priista proponía despenalizar el aborto, mientras que el ahora legislador sin partido respaldaba acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las bodas gay, iniciativas que ingresaron antes que la del mandatario poblano.
Sin embargo, ambas no fueron discutidas, aunque sí dieron pase al paquete enviado por el Ejecutivo estatal, lo cual generó críticas de los propios legisladores y grupos feministas.
De esta forma, García Olmedo acusó que se violentó el proceso de aprobación de leyes y no se discutieron a fondo los artículos que abordaban dichos temas, lo cual evidenciaba que se mantenían como una oficialía de parte sobre al servicio del mandatario estatal.