Guillermo Aréchiga advirtió que los concesionarios deberán cumplir los acuerdos a los que llegaron con las autoridades, como: modernizar las unidades, conformar un padrón de conductores, contar con sistema de geolocalización, así como cámaras de videovigilancia con acceso al C5.

Por: Guadalupe Juárez

El incremento de más de 40% a la tarifa del transporte público que se aplicará a partir del 12 de octubre coloca a Puebla en la media regional y aún entre los estados con los costos más bajos del país.

A nivel nacional, se ubicó por debajo de estados como Guerrero, Baja California, Estado de México, Nayarit y Durango.

Las condiciones que impuso el gobierno del estado para avalar el incremento consisten en obligar a los operadores a actualizar cada seis meses sus antecedentes no penales y la formalización de un padrón de conductores de las unidades, pues los demás acuerdos ya se contemplaban en la Ley del Transporte y estaban obligados a cumplirlos, aunque no se incrementara la tarifa.

Aunque no se abordó el tema de los descuentos a estudiantes en los acuerdos con los concesionarios, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, desde Tepexi, declaró que el gobierno podría subsidiar para que haya más tarifas preferenciales para el sector estudiantil.

Para él, haber aprobado un esquema de descuento a los estudiantes no garantizaba que fuera cumplido por los concesionarios y hubiera problemas para prestarles el servicio, como sucedía con los adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, el mandatario estatal advirtió que a partir del plazo que darán a los transportistas para mejorar el servicio se aplicarán operativos para retirar concesiones y rutas que incumplan la ley.

“No podíamos detener el aumento. Más que un aumento, es un acuerdo que tiene que ver con la modernización del transporte”, dijo Barbosa al aseverar que el incremento de ocho pesos y 8.50 corresponde a la media regional y no a la nacional, que es de 9.50 pesos.

Barbosa Huerta volvió a recriminar que los gobiernos anteriores no asumieran la decisión del incremento al costo del pasaje, pues permitió el deterioro del servicio, además de que los transportistas se prestaron a la operación política.

EL ACUERDO

La nueva tarifa del transporte público en el estado incrementará 2.50 en microbuses y autobuses, así como en unidades tipo Van y combis, tarifa que llegará a 8.50 y ocho pesos en la capital poblana, misma que se aplicará a partir del 12 octubre, anunció el secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.

Durante una conferencia de prensa en Casa Aguayo, explicó que en el interior del estado el aumento será proporcional al esquema que manejan por distancia.

Un ejemplo, si de la capital poblana a San Pedro o San Andrés Cholula el pasaje es de 7.50 pesos, con el aumento será de 9.50.

En cuanto a las tarifas preferenciales, confirmó que se mantiene de forma gratuita para personas con discapacidad y cuatro pesos para adultos mayores.

Aréchiga Santamaría precisó que hay un parque vehicular de 30 mil unidades en el estado, de las cuales 40% tiene que modernizarse y deberán comprar cuatro mil nuevas.

El acuerdo fue firmado por representantes de 80% de los concesionarios y este lunes será publicado en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor cinco días después.

¿MEJORA DEL SERVICIO?

A cambio del aumento, los transportistas se comprometieron a “cumplir” con la Ley del Transporte, pues en un plazo de 120 días reemplazarán sus unidades en mal estado, instalarán un sistema geolocalización que permitirá controlar las rutas y cámaras de videovigilancia con acceso al C5.

Aréchiga Santamaría advirtió que en caso de incumplir, se revocarán concesiones y licencias, para lo cual fortalecerá los operativos.

Con ello pretenden combatir las rutas pirata y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

De igual forma, los concesionarios se comprometieron a garantizar el servicio a adultos mayores y personas con discapacidad.

También habrá un estudio para evitar que se invadan derroteros, traslape de rutas y unidades pirata.

EL PAPEL DEL GOBIERNO

A su vez, el gobierno estatal se comprometió a facilitar el acceso a los sistemas de seguridad como el C5, así como a pedir al Congreso local la disminución del costo de licencias mercantiles.

No obstante, se descartó algún tipo de financiamiento gubernamental estatal y todo el mejoramiento correrá a cargo de los concesionarios.

Aréchiga Santamaría también recriminó que los gobiernos anteriores no asumieran el costo político y evitaran el incremento, pues ello provocó el deterioro del servicio.

En cuanto a la operación de los mototaxis al interior del estado, el funcionario estatal advirtió que no se contemplan en la ley, por lo cual son ilegales y ninguna autoridad de los tres órdenes gobierno tiene facultad para autorizar su funcionamiento.

OTROS ACUERDOS

El gobierno estatal también se comprometió a consolidar un padrón actualizado cada mes, y la instalación de cámaras de videovigilancia a las que no tenga acceso el conductor del servicio ejecutivo de taxis, prestado por aplicaciones.

Asimismo, se regularizarán en 45 días los establecimientos que funcionan como corralones, los cuales se someterán a las disposiciones de la SMT.

El servicio de grúas también deberá fijar las tarifas que establece la Ley en Caminos, además que sólo podrán brindarlo quienes cumplan con las disposiciones para operar, establecidas por el gobierno estatal.

TRANSPORTISTAS SE COMPROMETEN A CUMPLIR

Los transportistas celebraron el aumento autorizado por el gobierno estatal y dijeron que sí es posible cumplir en 120 días con el mejoramiento del servicio.

“Será un esfuerzo increíble, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer”, dijo el representante de Transportes Unidos Región Valsequillo Independiente (TURVI), Marco Antonio Méndez Salas, quien indicó que una Van tiene un costo de 750 mil pesos, un microbús un millón y medio de pesos y un autobús dos millones 500 mil pesos.

A pesar de la inversión, estimaron que garantizarán el servicio y no habrá déficit de unidades.

Indicaron que el paquete de GPS con el que controlan velocidad y el recorrido, así como las cámaras de videovigilancia es de lo más costoso, pues son 30 mil pesos por unidad y el pago mensual del Internet para que se conecten a los esquemas de seguridad como el C5.

Ante las críticas por las condiciones actuales del servicio, justificaron que el aumento no es un pago de factura por apoyar durante campañas políticas, sino que era necesario para poder costear el mejoramiento de sus unidades.

En cuanto a los operadores, los concesionarios afirmaron que revisarán que en cada unidad haya dos conductores para que cubran dos turnos y “sea menos cansado”.

Asimismo, apuntaron que el incremento de cuentas que les pedirán a sus operadores será de 20%, con lo cual podrán cumplir con las mejoras a las que se comprometieron.