Esfera Pública
Por: Elías Aguilar / @Elyas_Aguilar

Siempre el aumento del precio de algún servicio público tiene un costo político-electoral que impacta al partido político que representa la autoridad que propone dicho incremento. Es el caso de la nueva tarifa del transporte público en Puebla, que pasó de 6 a 8.5 pesos en camiones y microbuses, casi 42% de elevación, con un mayor impacto negativo en el bolsillo de los usuarios si se toman en consideración los problemas de crecimiento económico que enfrentamos en todo el país.

En este contexto de restricción económica, se registra un alto rechazo al incremento a la tarifa del transporte urbano, así lo indica una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC entre 400 electores poblanos, un 88.8% de los  entrevistados están en desacuerdo con el aumento del pasaje del transporte, 8.1% está de acuerdo y 3.1% se muestra indiferente.

Por otro lado, el estudio telefónico, realizado entre el 7 y 9 de octubre, también indica que hay un consenso a favor de la mejora de la calidad del servicio que prestan la unidades del transporte, un 71.7% está de acuerdo con una propuesta de renovación de unidades, con alarmas y dispositivos GPS, un 25.8% se muestra en desacuerdo, pues perciben que las mejoras implican un incremento del costo del pasaje del servicio y un 2.5% se muestra indiferente.

La encuesta telefónica también preguntó sobre la preferencia de los poblanos respecto a dos alternativas para el incremento del precio, los resultados son contundentes, un 68.2% de los entrevistados está a favor de una propuesta de que se incremente conforme haya mejoras en el servicio que prestan los permisionarios del transporte público; un 21.6% indica que ninguna propuesta, pues prefieren mantener el mismo costo y calidad del servicio actual; y solo un 10.2% está de acuerdo con el aumento del pasaje y después las mejoras en el servicio, que es la alternativa que entró en vigor a partir del 12 de octubre.

El problema para el partido en el gobierno, en este caso Morena, no es la actitud de rechazo o el enojo ciudadano, sino la atribución de la responsabilidad del aumento del pasaje que hace el ciudadano. Cuando se les preguntó acerca de qué partido político es el más responsable del aumento de la tarifa un 50.6% se lo atribuyó espontáneamente a Morena, un 15% a todos, un 11.9% a ninguno, un 8.1% al PRI, que por el momento dejó de ser el villano favorito de los partidos políticos, un 7.5% al PAN y 6.9% no supo o no contestó.

En cuanto a la autoridad que los poblanos más responsabilizan del aumento del pasaje, 73.3% de los entrevistados responsabilizaron espontáneamente al gobernador Luis Miguel Barbosa, un 11% a los diputados, un 5.5% a la presidente municipal, Claudia Rivera, un 5.5% a todos y 4.8% al presidente López Obrador.

Con estos indicadores del rechazo al aumento del pasaje del transporte urbano y la  responsabilidad partidista y de autoridad que perciben los poblanos los partidos opositores, es decir PAN y PRI, se están frotando las manos, ya que representa un tema que les dará muchos argumentos a favor de su causa y rechazo hacia Morena. En política las buenas noticias respecto a beneficios y obras de los gobiernos son olvidados por los electores con mucha facilidad, pero las malas noticias, ya sea por errores de los gobernantes o propuestas que le pegan a los bolsillos de los ciudadanos no se olvidan.

Situación más compleja si se toma en cuenta el escenario de restricción económica que enfrenta actualmente la ciudadanía, y que comunica un mensaje contradictorio a la tan citada austeridad republicana del Ejecutivo federal, pareciera ser que la austeridad aplica para la ciudadanía pero no para los permisionarios del transporte público, que además gozan de muy mala reputación entre los usuarios del transporte, que padecen de sus maltratos y agresiones cotidianas en el servicio que prestan.