Por: Mario Galeana
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, previó que la reforma que el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió para eliminar las agravantes en el delito de aborto será aprobada.
En entrevista, el legislador local por Morena dijo que el Congreso local no se dejará influenciar por presiones de grupos conservadores y feministas para abordar el análisis de la reforma que despenalizaría el aborto.
“No estamos de acuerdo en que se quiera presionar al Congreso del estado ni de un lado ni del otro. No vamos a caer en provocaciones”, señaló.
Sin embargo, la senadora por Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle Martínez y la legisladora local Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, consideraron que la propuesta del mandatario estatal es insuficiente para garantizar la no criminalización de las mujeres.
“Encuentro que en lo que tiene que ver con el Código Penal se seguirá criminalizando a las mujeres”, criticó la diputada priista en entrevista con 24 Horas Puebla.
García Olmedo, promovente de una iniciativa que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, exigió que su propuesta sea analizada al mismo tiempo que la del mandatario estatal.
“Lo que yo creo es que necesariamente por procedimiento legislativo, si es un tema que aborda el gobernador y ya está presentada con antelación una iniciativa, deberán llamar esa otra iniciativa para allegarse de todas las propuestas. Deberán hacerlo así para dictaminarlas conjuntamente”, afirmó.
Al llamado se sumó Tagle Martínez, quien ayer, durante un informe realizado en la capital del estado, consideró que los congresistas deben igualar la decisión del Poder Legislativo de Oaxaca y despenalizar el aborto.
“Si bien las iniciativas que Miguel Barbosa ha presentado buscan disminuir las penas de cárcel, nos parece que este tema no es suficiente. Tenemos que aprovechar el impulso que se ha dado en lugares como Oaxaca para ir por la despenalización efectiva del aborto en Puebla, pues es un tema de justicia y de salud pública”.
La iniciativa de Barbosa Huerta elimina tres condiciones por las cuales la pena por el delito de aborto aumenta hasta cinco años. Estas son que la mujer no tenga “mala fama”, que haya logrado ocultar su embarazo o que este no sea “fruto de matrimonio”, según lo establecido en el Código vigente.
La propuesta de García Olmedo define el aborto como la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación y señala que la interrupción sólo puede ser sancionada tras este plazo con 100 o 300 días de trabajo comunitario.