Por: Mario Galeana

Foto: Daniel Casas / Agencia Es Imagen

La posible despenalización del aborto en Puebla ha regresado al punto inicial. La diputada Rocío García Olmedo presentó por segunda ocasión una reforma que busca anular las penas de cárcel impuestas a las mujeres que interrumpan su embarazo.

La nueva iniciativa de reforma al Código Penal se presentó ante el Congreso de Puebla ayer, es decir, casi un mes después de que Morena y sus aliados impidieran la aprobación de la primera reforma presentada por la diputada priista en el mismo sentido.

García Olmedo propone —una vez más— que el aborto sea considerado como la interrupción del embarazo después de las doce semanas de embarazo. También considera fijar de 100 a 300 días de trabajo comunitario a las mujeres que aborten después de este lapso.  

También incluye cuatro causales en las que la interrupción del embarazo no será castigada: cuando sea resultado de una conducta culposa de la embarazada, o cuando el producto sea resultado de una violación o de una inseminación artificial, cause peligro de muerte o afectación grave a la salud de la madre, o posea alteraciones genéticas o congénitas que puedan provocar daños físicos o mentales.

Cuando se trate de un aborto forzado por otra persona, la reforma propone una pena de tres a seis años de prisión. Si además se usa violencia física o moral para obligar a la mujer a abortar, la pena aumentará de seis a diez años de prisión.

En la iniciativa se destaca que Puebla es uno de los estados con menos causales de aborto no penalizadas. Mientras en la entidad sólo se consideran cuatro motivos, en estados como Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Yucatán se contemplan hasta seis.

 El pasado 8 de septiembre, la LX Legislatura aprobó una reducción de cinco años a uno solo como pena de cárcel impuesta a las mujeres que decidan someterse a un procedimiento de aborto.

Esta modificación formó parte de un paquete de iniciativas presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Los legisladores locales exceptuaron el análisis de la primera propuesta presentada por García Olmedo, que data del 26 de mayo pasado.