División. Aprueban reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública con 27 votos a favor, un voto en contra y 10 abstenciones.
Por: Mario Galeana
Foto: Daniel Casas
En una votación dividida, el Congreso de Puebla aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) regule los cobros de grúas y depósitos vehiculares.
Las diputadas Mónica Lara Chávez (PES) y Tonantzin Fernández Díaz (Morena) aseguraron que la reforma acabaría con el “monopolio” de una organización específica.
“Los ciudadanos estaban vulnerables y a merced de quien explota a la fecha los servicios de grúa, lo cual debe cambiar. Algunas organizaciones tienen hasta el 80% de las grúas que prestan los servicios, cobrando tarifas muy por encima y muy caras, que van desde los mil pesos hasta los 27 mil pesos”, lanzó Fernández Díaz.
Sin embargo, el legisladores Jonathan Collantes Cabañas (Panal) aseguró que esto era falso, pues hay al menos 30 empresas dedicadas al arrastre de vehículos, además de que la organización a la que culparon las legisladoras de Juntos Haremos Historia no posee autorización para operar los tramos carreteros de jurisdicción estatal.
Collantes Cabañas, quien preside la Comisión de Transportes, aseguró que empresarios han denunciado que el remolque de tráileres en carreteras estatales puede llegar a costar de 50 mil a 120 mil pesos.
“Pero no hay un monopolio. Hay muchas más empresas, y no todas poseen autorización para arrastrar vehículos en tramos carreteros federales o estatales”, insistió.
Pese a la oposición, la reforma fue aprobada con 27 votos a favor, un voto en contra y 10 abstenciones.
La reforma fue presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien planteó que uno de los problemas de este servicio es la incertidumbre que genera para los usuarios el contar con información poco clara o imprecisa sobre el costo real sobre el uso de este servicio.
En la exposición de la reforma, el mandatario argumentó que en el estado no hay ningún tipo de ordenamiento jurídico que regule los depósitos de vehículos particulares o los servicios de grúas.