Por: Mario Galeana

Foto: Archivo

En el estado persiste la discriminación a personas de la comunidad LGBTTTIQ y la oposición a la legalización del matrimonio igualitario, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS).

El informe señala que el 45% de la población en el estado considera que “nada” justifica que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja, según el estudio realizado en 2017 analizado por Data Cívica.

La discriminación se extiende a la representación política. Los resultados señalan que al 32% no le gustaría “nada” y a otro 21% le gustaría “poco” que el presidente o la presidenta formara parte de la comunidad LGBTTTIQ.

La reticencia al reconocimiento de la diversidad también impacta en la aprobación del matrimonio igualitario, cuya legalización ha sido postergada por el Congreso local desde agosto de 2017, aunque esto contravenga lo declarado por la Corte.

De acuerdo con los resultados de la ENADIS 2017, en Puebla el 62% está a favor del matrimonio igualitario, pero 36% aún no se opone.

El 59% se opone a que a las parejas homoparentales se les permita adoptar niños, y sólo el 39% creen que deberían poder hacerlo. Incluso el 47% de las personas se opondría a que sus hijos contraigan matrimonio con alguien del mismo sexo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló los artículos del Código Civil que definen al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, lo que permitió a las parejas homoparentales contraer matrimonio.

No obstante, los congresistas locales se han negado a reformar el Código Civil para legalizar las uniones en su totalidad.

 A principios de octubre, los diputados aprobaron una modificación al artículo 294 del Código Civil para eliminar la fracción en la que se define que el matrimonio tiene por objeto “perpetuar la especie”.

Sin embargo, dejaron intacta la concepción del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Ante esto, la diputada García Olmedo demandó a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma.