Productivo. El mandatario ha superado a los 41 integrantes del Congreso local en cuanto a la presentación de iniciativas; entre las más polémicas está que se mantuvo la definición de matrimonio,  la cual excluye las uniones homosexuales, así como la de reducir las penas contra mujeres por abortar.

Por: Mario Galeana

Fotos: Archivo

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, se convirtió en el gran legislador del estado.

De agosto a diciembre el mandatario estatal presentó 21 iniciativas de ley y modificaciones a ordenamientos ya existentes; con ello rebasó a cualquiera de los 41 integrantes de la LX Legislatura.

Desde que rindió protesta al cargo, el Congreso local ha aprobado 18 propuestas del gobernador de Puebla y sólo ha dejado pendientes tres: la declaración de Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Francisco Lucas, Natalia Serdán Alatriste y Gilberto Bosques Saldívar como beneméritos de Puebla.

Por lo demás, los diputados se han plegado a cada una de las propuestas del mandatario, por más polémica que éstas hayan levantado.

El 8 de octubre, por ejemplo, el Poder Legislativo aprobó un paquete de reformas que el titular del Ejecutivo estatal propuso para modificar, entre otras leyes, el Código Penal y el Código Civil de Puebla.

En su propuesta, Barbosa Huerta mantuvo la definición del matrimonio como la unión exclusiva entre un solo hombre y una sola mujer, a pesar de que el reconocimiento del matrimonio igualitario fue, en 2018, una de las arengas de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia.

Con relación al Código Penal, el gobernador redujo de uno a seis meses de cárcel la pena impuesta a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, lo que provocó críticas de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista en el estado.

Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, alegó que tanto el matrimonio igualitario como la despenalización del aborto requerían un debate más amplio y cerró todo intento de la oposición por modificar el dictamen.

Si algo comparten las 18 iniciativas aprobadas por la LX Legislatura al gobernador es precisamente eso: que las propuestas se aprueban en el Pleno sin que se efectúen grandes cambios en las comisiones generales que se encargan de analizarlas.

EL FANTASMA DEL GRAN LEGISLADOR

El desempeño legislativo de cualquier diputado local ha quedado rezagado frente a la avasallante estadística de reformas que Barbosa Huerta ha promovido en sólo cinco meses.

Quizá el único que se acerque sea un diputado por el PT, quien presentó 24 iniciativas a lo largo de 2019, pero sólo una fue aprobada. Tras él, las panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Nancy Jiménez Morales, presentaron 16 y 18 iniciativas de reforma, respectivamente.

El Reporte Legislativo del Congreso de Puebla 2016, elaborado por Integralia y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), detalló que en ese año el gobernador presentó al menos 122 iniciativas, de las cuales 96% fue aprobado, lo que significó la tasa más alta entre todas las fracciones parlamentarias.

Esto, a decir de los autores del estudio, significó que la anterior Legislatura no fungiera como contrapeso frente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Estas críticas se han replicado a lo largo de la LX Legislatura.

LAS PRINCIPALES PROPUESTAS

Entre algunas de las 18 reformas y leyes que el gobernador de Puebla ha propuesto destacan, sobre todo, seis.

La primera está relacionada con una modificación al Código Penal que consistió en ampliar las causales para otorgar un indulto o una preliberación.

La segunda modificó las atribuciones del Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo —creado en el sexenio morenovallista para controlar el desarrollo de la zona Audi—, con el propósito de que los municipios de Soltepec, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Mazapiltepec y San José Chiapa recuperaran la facultad de cobro de impuestos y el otorgamiento de permisos de uso de suelo.

La tercera consistió en la expedición de la Ley de Víctimas para el Estado de Puebla, que contempla la creación de un fondo de reparación del daño y un registro oficial de personas cuyos derechos hayan sido violentados.

La cuarta tuvo como propósito crear la Agencia Estatal de Energía, con la cual se regularán 28 proyectos energéticos que la administración estatal prevé detonar para este año.

La quinta modificó la Ley de Hacienda para aumentar el cobro del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) —que pasó de 2.5% a 3%—, y los relativos al servicio de hospedaje —de tasa cero a 3%— y el Impuesto sobre Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos —que aumentó de 0% al 6%—.

La sexta fue la extinción del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), cuyas atribuciones fueron absorbidas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, una dependencia creada la víspera del arribo de Barbosa Huerta a la gubernatura.