Solidaridad. El rector Emilio Baños hizo hincapié en que la ASE se apegue a la legalidad y realice la fiscalización en tiempo y forma correctas

Por: Nancy Camacho 

Foto: Daniel Casas

El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio José Baños Ardavín, y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre respaldaron la administración y autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), después de las supuestas anomalías cometidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Baños Ardavín hizo un llamado a las autoridades a que se respete la autonomía de la institución educativa, solicitando que el proceso de la auditoría preventiva se lleve con apego a la legalidad, en tiempo y forma correcta.

“Sí llama la atención cómo se ha desarrollado este proceso de auditoría, y simplemente alzaría la voz en el sentido de que se respete la autonomía de la universidad, que el procedimiento se apegue a la legalidad”, declaró.

ESTÁN DE SU LADO

A su vez, la UPVA encabezada por Rubén Sarabia Simitrio, a través de un comunicado, señaló que la ASE realiza de manera irregular y sin fundamento una llamada “auditoría preventiva, posiblemente con el propósito de construir pretextos que justifiquen sanciones a la administración de la BUAP e incluso la probable destitución de su rector”.

Señaló la organización que con la elección extraordinaria la sociedad poblana votó por dar fin a un régimen panista que derivó en actos de persecución a través de autoritarismo, incluido el encarcelamiento de Simitrio y sus hijos.

Demandó al gobierno del estado no permitir que se repitan las mismas prácticas de gestiones pasadas, toda vez que la administración estatal “se comprometió a reestablecer el Estado de Derecho y desarrollar la democracia”, para lo que exigen que se respete la autonomía universitaria y administración de su Consejo Universitario.

Cabe recordar que el martes 7 de enero a través de un comunicado, 43 directivos de las unidades académicas de la BUAP acusaron anomalías de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la fiscalización de recursos realizada en diciembre de 2019, a la que tacharon de “ilegal e inusual”.