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La falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso a la reparación del daño a hijos y, en general, a familiares de mujeres asesinadas, no sólo en zonas urbanas sino también al interior de la entidad, ha sido uno de los principales problemas para cumplimentar en la práctica y no sólo en el papel, las medidas incluidas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sostuvo Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del programa de Igualdad y Justicia del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
“Estamos hablando de pérdidas de un ser querido, la madre, que muchas veces es el sostén de la casa, estamos hablando de becas, de atención psicológica, asegurar que los niños queden con el familiar adecuado porque muchas veces la custodia se le da a la primera persona que la reclama y esas primeras personas son los padres del feminicida, con lo que se expone al menor a estar en cercanía al agresor”, acotó.
A lo anterior, se suma que, entre las trabas en el proceso de atención de las recomendaciones de la AVGM, como el acceso a la justicia y resarcimiento del daño a los familiares de víctimas de feminicidio, han sido la centralización de las acciones, pues no se deben ejecutar las mismas en la capital poblana que en comunidades al interior de la entidad en donde no cuentan con ministerio público ni acceso a la información, dijo la activista.
“Justamente, si hay atención real a sus hijos, familiares que también son víctimas, dentro de las medidas justo se señala la atención a los menores o a los hijos entonces sino se tiene un dato contundente respecto a por lo menos, cuántas personas son las afectadas sabemos que esa medida al menos no se cumplió, no, y sería una menos entonces”, concluyó, tras lamentar la reducida participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema Estatal DIF en el seguimiento a las condiciones de vida de los infantes cuyas madres fueron asesinadas.