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MOLESTIA. Varias han sido las manifestaciones de rechazo al nuevo esquema de seguridad social, tanto de empleados de lo que era el Seguro Popular, como de gobernadores de algunos estados que han mostrado su desacuerdo.
En medio de la incertidumbre, la transición entre el Seguro Popular y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) avanza a marchas forzadas en —al menos— 13 entidades del país. Tras la confirmación de la adhesión de Puebla al nuevo esquema de salud, será en marzo cuando ese régimen cuente con las reglas de operación a aplicarse en la entidad, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Ante la polémica que generó el nuevo sistema de salud federal, el mandatario estatal reiteró su apoyo a la Federación, y aseguró que al cierre del primer trimestre del año el Insabi tendrá que haber iniciado operaciones en Puebla con reglas ya definidas y la determinación —o no— de la contratación de parte del personal del Seguro Popular.
“En marzo, el Insabi entrará en funciones, en marzo el Insabi tendrá reglas de operación, en marzo el Insabi determinará la nueva contratación de las personas, que no son trabajadores del gobierno del estado. A ver, no era personal médico ni enfermeras ni nada, eran censadores, y después hay otro bloque eran de los que te decían, eres tú del Seguro Popular, sí, pásale”, expresó.
Luego de la resistencia por parte de algunos gobernadores emanados del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López Gatell, indicó que las entidades que no se sumen al convenio de anexo al Insabi no recibirán recursos extra para la garantía de gratuidad de los servicios médicos que cubría el Seguro Popular.
En el caso de Puebla, al igual que las entidades que ya firmaron el convenio de adhesión al Insabi, López Gatell informó que por “lógica administrativa elemental” y a fin de garantizar el acceso gratuito a los servicios del Insabi, podrán contar con parte de los recursos adicionales que se tienen para ese régimen de salud, los cuales ascienden a 40 mil millones de pesos.
A pesar de la advertencia por parte del funcionario federal, la cual descartó que fuera una medida de presión para los estados, en Puebla, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León ya existen amparos en contra del Insabi promovidos por Movimiento Ciudadano, de acuerdo con lo anunciado por el senador Samuel García Sepúlveda.