Garganta Profunda
Por: Arturo Luna Silva / @ALunaSilva 

El modelo clientelar de los programas sociales del lopezobradorismo, a través de becas y pensiones en efectivo, camina sobre la tenue línea de la legalidad-ilegalidad en materia electoral. Este esquema que, de funcionar a la perfección, le garantizaría al Presidente y a su partido, Morena, un potencial de 30 millones de sufragios, ya ha recibido la primera llamada de atención por parte del TEPJF, que ordenó a la Secretaría de Bienestar sancionar a 14 superdelegados por la promoción personalizada de Andrés Manuel López Obrador. Puebla estuvo en esa deshonrosa lista, con Rodrigo Abdala. ¿Será que aquella vieja práctica de utilizar los padrones de beneficiarios como listas de votantes se reeditará con este “nuevo régimen”? ¿Es su único argumento ante la caída de la popularidad del gobierno del “cambio verdadero”?

La oposición de izquierda en el país, históricamente fue la primera que denunció y se quejó amargamente de la utilización de los programas sociales con fines electorales.

“Electoreros”, le llamaron.

Esa práctica deleznable de dar apoyos a cambio de votos fue duramente censurada en su momento por el mismo López Obrador.

Y le asistía toda la razón entonces.

En su época como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en los años de la presidencia de Ernesto Zedillo, el tabasqueño condenó la utilización del presupuesto público con este fin.

“Ellos (los priistas de entonces) apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos.

“Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría en la mayoría de las elecciones”.

Eso dijo entonces.

Hoy, como mandatario reedita el modelo.

Un análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió, desde antes de la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, que en su momento de mayor gasto, sus programas absorberían 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Y en cifras es descomunal: 500 mil millones de pesos, ¡medió billón!

Sin embargo, es la única respuesta de la actual administración en combate a la pobreza.

Asistencialismo puro.

De continuar este esquema, que pareciera la mayor herramienta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con miras a las elecciones de 2021, desde ahora se puede prever que habrá muchas y reiteradas sanciones.

Porque esos programas y la forma como se reparten están en la frontera con la ilegalidad electoral.

Ya se dio la primera advertencia.

El pasado viernes 27 de diciembre, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Bienestar que sancionara a 14 superdelegados por la promoción personalizada del Presidente.

Determinó que violaron el artículo 134 constitucional al promover la imagen del mandatario federal en la distribución de programas sociales.

En el caso del superdelegado poblano, que ni se ha visto súper y ni siquiera delegado, el sobrino político de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rodrigo Abdala Dartigues, lo negó.

Sin embargo, más allá de lo que diga él y los demás sancionados, hay que advertir que el esquema lopezobradorista de “desarrollo social”, de entrega de apoyos, es estrictamente clientelar.

Y como tal es electorero, efectivamente.

Hay un padrón de alrededor de 10 millones de beneficiarios de los distintos programas que entregan recursos periódicamente en efectivo.

Ese número es potencialmente expansivo a los 30 millones de votos que requiere el sistema para mantener su cartera electoral.

(Los familiares de los directamente beneficiados se supone que votarían en el mismo sentido).

Ese mismo es el número de votos que llevaron a López Obrador a Palacio Nacional.

Esos sufragios pueden salvar la elección intermedia de 2021 para Morena y sus partidos aliados, para que el lopezobradorismo conserve su mayoría en la Cámara de Diputados.

Incluso pueda ampliarla.

Esto, a pesar del creciente malestar contra el Presidente y sus decisiones.

Se trata de una mayoría indispensable para que siga gobernando sin sobresaltos, a pesar de los yerros.

Sin embargo, falta ver cuántos errores y cuántas normas electorales violan con este esquema.

Sobre todo, porque los promotores electorales serán vigilados con lupa.

Y vendrán más sanciones.

Apenas va la primera.